En un operativo que realizó la Policía de España el sábado 9 de noviembre fueron rescatadas 42 mujeres, la mayoría de nacionalidad colombiana, que eran víctimas de explotación sexual en la provincia de Málaga, en el sur del país europeo.
De acuerdo con la investigación de las autoridades españolas, las víctimas en su mayoría eran reclutadas en Colombia, donde la señalada red de explotadores se aprovechaba de su vulnerabilidad por sus problemas económicos.
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Las mujeres fueron rescatadas en dos locales, tanto en Málaga y en la población vecina de Cártama, donde se prestaban servicios sexuales y que posteriormente fueron clausurados por orden judicial.
Además, a la red de explotación le bloquearon 9,5 millones de euros, más de 44.000 millones de pesos a cambio de la fecha, en cuentas bancarias y bienes, detallaron las autoridades ibéricas.
En total fueron capturadas 19 personas que, presuntamente, conformaban la estructura criminal, incluido un hombre que es señalado de ser una de sus cabecillas, y que también fue denunciado por agresiones sexuales a una de las víctimas.
A las mujeres las intimidaban para ser sometidas a estrictas normas y a una férrea vigilancia para que estuvieran disponibles las 24 horas del día y los siete días de la semana, para que de esta manera atendieran a los hombres que acudían a los señalados establecimientos.
La investigación para poder desmantelar a esa organización de explotación sexual se inició en agosto de 2023, a partir de informaciones que apuntaban a que se trataría de una estructura que se dedicaba a la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente.
Una vez caían en la red, las obligaban a soportar practicas sexuales que ponían en peligro su salud, de hecho en uno de los lugares en que los policías realizaron la intervención tenían una habitación que adecuaron como una especie de celda donde las mujeres tenían que someterse a experiencias humillantes, para luego ser forzadas a mantener relaciones sin uso de preservativo.
Adicionalmente, los señalados explotadores también las obligaban a ofrecer sustancias estupefacientes como cocaína, éxtasis y cannábicos, así como medicamentos para la disfunción eréctil, para que los servicios duraran más tiempo y generar así mayores beneficios.
Las víctimas eran rotadas entre los locales de la red para evitar que establecieran vínculos de confianza entre ellas o con los hombres que pagaban por tener sexo.
Se detectó que también contaban con un sistema de fichas, como las que se utilizan en el póker, que las mujeres podían conseguir del personal de los clubes cuando los hombres que las pretendían las invitaban a consumiciones o pagaban por algún servicio extra.
Cuánto más dinero se gastaban los hombres en el club, más fichas conseguían las mujeres víctimas de trata, que podían así obtener un porcentaje del beneficio y canjear por dinero.
Los policías detectaron un entramado societario controlado por los principales responsables de la red para ofrecer apariencia de legalidad a los beneficios obtenidos dentro de sus actividades criminales.
En esos sitios trataban de ocultar su actividad real bajo la apariencia de ser establecimientos de hospedería, pero se comprobó que carecían de los permisos necesarios y que expedían facturas falsas para justificar su actividad ante hipotéticas inspecciones.
Esta operación, denominada Gargamel, la realizaron conjuntamente agentes de unidades de la Policía en Málaga y Cádiz, con la colaboración de las Policías Locales de Cártama y Málaga, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Cruz Roja y Endesa.
Tras los registros en los prostíbulos y en el domicilio del señalado jefe de la organización, les incautaron 47.000 euros en efectivo (30.000 de ellos ocultos en el maletero de un vehículo), casi 200 millones de pesos, y sustancias estupefacientes.
A los 19 capturados se les atribuye, según el grado de implicación en los hechos y de acuerdo con la ley en España, los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución, contra el derecho de los trabajadores, contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, agresión sexual, infracción a la ley de extranjería, y pertenencia a organización criminal.
Desde la Policía Nacional de españa recordaron que cuentan con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos.