El 8 de noviembre de 2024, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, pidió a la Corte Constitucional tumbar la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional de Gustavo Petro, que se basa en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario).
Según ella, como dice la demanda que admitió y estudia el alto tribunal, hubo irregularidades en el trámite de esta, por lo que debe ser declarada como inexequible.
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La jefe del Ministerio Público criticó, entre otras cosas que, aunque se habían introducido más de 60 modificaciones respecto al texto original del Senado y existían más de 500 propuestas de ajuste presentadas por las distintas bancadas, la Mesa Directiva de la Cámara dispuso que los congresistas votaran la reforma en bloque, sin la posibilidad de debatir individualmente cada uno de los 95 artículos. Este proceder, “cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”.
Lo dicho por Cabello generó la molestia del presidente Gustavo Petro, sobre todo, porque con la misma se establece el pilar solidario, que entrega un bono pensional de $225.000 mensuales (hasta ahora era de $80.000) para más de tres millones de adultos mayores que no alcanzaron a jubilarse, pese a haber trabajado durante varios años.
Odio político: “Qué tienen contra la gente más pobre”
Por medio de X, el mandatario escribió que “me queda muy difícil entender cómo puede haber seres humanos, que por simple odio político pueden hacer que millones de viejos y viejas sin nada que comer hoy, no puedan acceder a un plato de sopa o un ingreso que les genere algo de afecto, alegría y dignidad (sic)”.
Además, cuestionó: “¿Qué tienen contra la gente más pobre y más débil d este país? ¿Qué es para ellas el estado social derecho? ¿Qué clase de corazón se puede tener al negarle a la ancianidad pobre de Colombia, la comida?”.
Dichas afirmaciones fueron refutadas por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA. El exfuncionario dijo que el bono se podía entregar de otra manera.
No se necesita ley
“Presidente, usted sabe que el beneficio de los viejos y viejas con el pilar solidario lo ha podido usted conceder desde el inicio de su gobierno. Eso no necesita ley. Es, simplemente, capacidad presupuestal para concederlo y voluntad política”, afirmó el exministro.
Así las cosas, Restrepo dio a entender que haría la misma afirmación, pero con una única palabra cambiada:
“Me queda muy difícil entender cómo puede haber seres humanos que, por simple ‘juego’ político pueden hacer que millones de viejos y viejas sin nada que comer hoy, no puedan acceder a un plato de sopa o un ingreso que les genere algo de afecto, alegría y dignidad”.
Además, “¿Qué tienen contra la gente más pobre y más débil d este país? ¿Qué es para ellas el estado social derecho? ¿Qué clase de corazón se puede tener al negarle a la ancianidad pobre de Colombia, la comida?”.
Un “subsidio más”
A la conversación se unió otro exministro de Hacienda: Juan Camilo Restrepo, que le dio la razón al exfuncionario. Calificó el bono pensional como un “añadido” y un “subsidio más”.
“Este punto que destaca el ex ministro Restrepo Abondano es muy importante. La ampliación del subsidio a los ancianos no hace parte en rigor de una reforma pensional. Es un añadido que se le colgó a la ley de pensiones: es un subsidio más de los muchos que, hay que bien, puede otorgarse ahora, o luego, en el evento de que la Corte encuentre inexequible la ley pensional”, señaló.
Concluyó al decir que es cuestión de presupuesto y de decir las cosas claras, y de no utilizar el argumento de la sopa de los ancianos para arrastrar el resto de la reforma pensional, “pues con imprecisión jurídica se la hace pasar como la esencia de la pensional cuando no es más que un injerto antitécnico”.