La Senadora Sandra Ramírez se fue en contra de la procuradora Margarita Cabello y de Paloma Valencia por la reforma pensional

En un requerimiento oficial dirigido a la Corte Constitucional, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, solicitó que se considere inconstitucional la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Razón por la cual, la senadora perteneciente al partido Comunes decidió dedicar una publicación a la líder de la entidad, e incluso a la también congresista Paloma Valencia, quien también tiene reparos con respecto a la reforma pensional. A ambas las cuestionó y las señaló de no entender las necesidades de las personas por tener “privilegios”.

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“¿Qué va a saber la Procuradora uribista Margarita Cabello y la Senadora @PalomaValenciaL de las necesidades del pueblo si ellas viven con todas las garantías, privilegios y comodidades?”, interrogó en su cuenta de X la senadora afín con el Gobierno nacional.

Sandra Ramírez afirmó en su publicación de igual manera que “el Centro Democrático, por medio de su procuradora, instrumentaliza las instituciones del Estado para tumbar las reformas sociales que beneficiarían al universo de colombianxs”. Según Ramírez, la oposición política utiliza su influencia en organismos gubernamentales con el fin de obstaculizar iniciativas legislativas enfocadas en el bienestar de la población colombiana. Finalmente, la senadora cerró su mensaje diciendo “¡NO sean MEZQUINOS e INDOLENTES!”.

Adicionalmente, subió un video en el que argumentó sus ideas y volvió a insistir en que la procuradora no tenía conocimiento de las necesidades de los adultos mayores en el territorio nacional.

“La procuradora cabello y el Centro Democrático se olvidan de las necesidades de más de 3 millones de adultos mayores que han trabajado toda la vida y que hoy no tienen ni diez mil ni 5.000 pesitos en su bolsillo, siquiera para tomarse un agua de panela. La reforma pensional es para saldar una deuda histórica con las y los colombianos, es para generarles una expectativa de vida a los más de 11 millones de jóvenes, muchos de ellos que hoy comienzan su vida laboral. Pero la mezquindad de unos pocos que viven en una burbuja de cristal no lo quieren permitir”, dijo Ramírez en el video.

Ramírez expresó que “lo que la procuradora y el Centro Democrático buscan sí es seguir privilegiando a aquellos que utilizan los dineros de los ahorros de las y los colombianos, de nosotros, de ustedes, para invertirlos en sus empresas y generar ganancias”. Según Ramírez, la oposición política pretende preservar los beneficios de los grandes empresarios, quienes, de acuerdo con sus palabras se lucran de los fondos de pensiones de los trabajadores colombianos.

Y concluyó su mensaje diciendo que: “Y que al colombiano escasamente le llegue lo que ha ahorrado. Le pedimos a la Corte que falle en derecho, que privilegie los intereses colectivos de toda una nación y no los intereses mezquinos, egoístas de aquellos que solo quieren generar riqueza para sus bolsillos”.

La solicitud de la procuradora se dio después de que la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentara una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024. Dicha ley, que introduce un sistema integral de protección social para vejez, invalidez y muerte por causas comunes, es parte de la reforma pensional. Ha sido criticada por supuestas irregularidades en su proceso de aprobación y por diversas cuestiones relacionadas con su contenido.

Paloma Valencia, a quien también mencionó Ramírez en su publicación, sostuvo que el procedimiento legislativo para la aprobación de la Ley 2381 de 2024 no respetó el principio de consecutividad establecido en el artículo 157 de la Constitución.

En la plenaria de Cámara de Representantes Valencia argumentó sobre lo anterior que: “eludió el debate al acoger el texto aprobado por el Senado de la República, sin que hubiese deliberación ni explicación de los ponentes de las diferencias existentes con la ponencia de segundo debate”.

Este suceso, según Valencia, violaría las normas que requieren un examen exhaustivo de los proyectos de ley antes de su aprobación definitiva.