Clara López salió en defensa de Gustavo Petro por denuncias del software Pegasus: “Muchos quisieron descartar la gravedad del asunto”

La senadora Clara López ha señalado en su cuenta X que el escándalo relacionado con el software de espionaje Pegasus ha adquirido una nueva dimensión, aumentando su complejidad y sus posibles implicaciones.

López recordó que cuando el presidente Gustavo Petro denunció la compra clandestina de este software, varios sectores desestimaron la acusación, calificándola como una “cortina de humo”. Entre los que negaron la veracidad de la denuncia se incluyeron el expresidente Iván Duque y altos funcionarios de su administración, quienes rechazaron cualquier implicación en la adquisición y uso del software de vigilancia durante su gobierno.

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Sin embargo, la senadora López subrayó que las denuncias del presidente Petro han ganado peso con la reciente investigación de la Revista Raya. Petro había mencionado que los once millones de dólares destinados a la compra de Pegasus fueron trasladados en efectivo en dos vuelos privados a Israel.

Inicialmente, esta afirmación fue desacreditada por varios sectores, pero la investigación periodística publicada por el citado medio dio un giro a la narrativa. Según los datos revelados por esta revista, se verificaron las rutas de vuelo y los registros de llegada y salida de las aeronaves en la base aérea de Catam en Bogotá, lo cual confirmaría que los vuelos, en efecto, ocurrieron como lo afirmó Petro.

López enfatizó que esta confirmación sobre los vuelos y el supuesto uso de recursos en efectivo podría implicar una falta de transparencia en las gestiones de seguridad nacional bajo el gobierno de Duque.

Para la senadora, estos nuevos elementos deberían ser motivo de profunda preocupación, ya que podrían representar una violación de protocolos de adquisición de tecnología de vigilancia, así como una posible vulneración de derechos fundamentales, si se confirma el uso de Pegasus para espiar a ciudadanos sin el debido proceso legal.

El “#PegasusGate”, dice López, plantea preguntas graves sobre el manejo de la seguridad en Colombia y la vigilancia estatal, en un contexto donde el uso de software de espionaje puede suponer riesgos significativos para los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos.

Con la investigación en curso, se espera que los organismos de control y las instituciones judiciales tomen cartas en el asunto para esclarecer los detalles y las responsabilidades de esta controvertida adquisición.

La Comisión de Relaciones Exteriores y de Inteligencia del Congreso de la República continúa haciendo seguimiento a las denuncias hechas por el presidente Gustavo Petro, motivo por el cual solicitaron información a las entidades estatales.

El presidente de esa corporación, Alejandro Toro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, solicitó a la Agencia de Cooperación Internacional (APC), adscrita a la Presidencia de la República, una certificación sobre la entrega de los recursos para la adquisición del supuesto software espía.

Toro planteó interrogantes sobre la adquisición y uso del sistema de vigilancia Pegasus durante el gobierno del expresidente Iván Duque. El congresista sostiene que el gobierno colombiano podría haber recibido fondos de Estados Unidos para fines de seguridad que, en teoría, estarían sujetos a estrictas condiciones de transparencia y trazabilidad, establecidas por el Congreso estadounidense.

Según Toro, estos fondos, equivalentes a once millones de dólares, habrían ingresado al país con el fin de apoyar la lucha contra el crimen organizado, pero al parecer no cumplen con los requisitos establecidos para este tipo de donaciones.

“Ahora resulta que el Gobierno del expresidente Duque también podría haber estafado a los Estados Unidos, porque si hace parte del paquete aprobado por el Congreso de ese país, eso debe cumplir varios requisitos: Primero, cómo ingresa al país, qué se compra con eso y dónde está lo que se compró y al parecer no se cumplen esos tres requisitos”, indicó Toro.

Entre las condiciones mencionadas, Alejandro Toro destacó la falta de claridad en tres puntos clave: el proceso de ingreso de los fondos, la adquisición de equipos o servicios con estos recursos, y la ubicación de los activos comprados, presuntamente incluyendo el sistema Pegasus.

Para esclarecer la situación, el representante ha presentado un derecho de petición dirigido a la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), Eleonora Betancourt, solicitando la certificación del ingreso de estos recursos.