Caso Pegasus: piden a la Agencia de Cooperación Internacional certificar ingreso de recursos para comprar el supuesto software espía

No para la polémica en Colombia luego de que se diera a conocer que el Gobierno de Estados Unidos habría financiado la compra del software Pegasus. Según el país norteamericano, el objetivo era realizar laborales de inteligencia a los grupos ilegales y narcotraficantes.

Por tal motivo, la Comisión de Relaciones Exteriores y de Inteligencia del Congreso de la República continúa haciendo seguimiento a las denuncias hechas por el presidente Gustavo Petro, motivo por el cual solicitaron información a las entidades estatales.

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El presidente de esa corporación, Alejandro Toro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, solicitó a la Agencia de Cooperación Internacional (APC), adscrita a la Presidencia de la República, una certificación sobre la entrega de los recursos para la adquisición del supuesto software espía.

Toro planteó interrogantes sobre la adquisición y uso del sistema de vigilancia Pegasus durante el gobierno del expresidente Iván Duque. El congresista sostiene que el gobierno colombiano podría haber recibido fondos de Estados Unidos para fines de seguridad que, en teoría, estarían sujetos a estrictas condiciones de transparencia y trazabilidad, establecidas por el Congreso estadounidense.

Según Toro, estos fondos, equivalentes a 11 millones de dólares, habrían ingresado al país con el fin de apoyar la lucha contra el crimen organizado, pero al parecer no cumplen con los requisitos establecidos para este tipo de donaciones.

“Ahora resulta que el Gobierno del expresidente Duque también podría haber estafado a los Estados Unidos, porque si hace parte del paquete aprobado por el Congreso de ese país, eso debe cumplir varios requisitos: Primero, cómo ingresa al país, qué se compra con eso y dónde está lo que se compró y al parecer no se cumplen esos tres requisitos”, indicó Toro.

Entre las condiciones mencionadas, Alejandro Toro destacó la falta de claridad en tres puntos clave: el proceso de ingreso de los fondos, la adquisición de equipos o servicios con estos recursos, y la ubicación de los activos comprados, presuntamente incluyendo el sistema Pegasus.

Para esclarecer la situación, el representante ha presentado un derecho de petición dirigido a la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), Eleonora Betancourt, solicitando la certificación del ingreso de estos recursos.

“Por eso hemos solicitado, vía derecho de petición, a la actual directora Eleonora Betancur, que nos certifique si ingresaron esos 11 millones de dólares de la donación de los Estados Unidos para temas de seguridad y que nos certifique si en la época en que estuvo la anterior directora Ángela Ospina, del Gobierno Duque, certificó también ella misma ese ingreso”, aseveró.

La petición también abarca la administración anterior de la APC, encabezada en su momento por otra directora, y busca confirmar si durante el gobierno de Duque se certificó el ingreso de estos fondos. Toro considera crucial conocer el paradero y el destino final de los recursos, especialmente si se destinaron a la adquisición del sistema Pegasus, que ha generado controversias debido a su potencial uso para la vigilancia de ciudadanos.

El caso, según Alejandro Toro, requiere un análisis profundo sobre la transparencia en el manejo de recursos internacionales y su uso en temas de seguridad nacional.

“¿Ahora EE.UU. hace giros en tulas de dinero en efectivo? ¿EE.UU. “regaló” un sistema de interceptaciones a Colombia y no se enteró ningún funcionario de alto nivel? ¿La cooperación entre los estados ya no está sujeta a la Constitución y la legalidad?”, finalizó.

Alejandro Toro ya había radicado una denuncia contra el exministro de Defensa Diego Molano; el exdirector de la Policía Nacional Jorge Luis Vargas; y Norberto Mujica, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dipol).

El represente por el Pacto Histórico aseguró que los exfuncionarios habrían cometido delitos como lavado de activos, acceso abusivo a un sistema informático y celebración indebida de contratos.