Polémico artículo de la reforma la justicia propone que las víctimas reciban compensaciones a cambio de rebajar las penas

La Comisión Primera del Senado de Colombia se prepara para iniciar el debate sobre la reforma a la justicia la próxima semana, tras eliminar un artículo polémico que proponía reducir penas para violadores y asesinos de niños. Sin embargo, un nuevo punto de controversia ha surgido en torno a la propuesta de reforzar el concepto de reparación integral a las víctimas mediante indemnizaciones.

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La propuesta, que es específicamente el artículo 2 de la reforma, ha generado inquietud en algunos sectores, ya que podría interpretarse como una forma de que los delincuentes paguen una especie de fianza para reducir sus penas o cesar el delito cometido. El senador Carlos Motoa, uno de los ponentes de la reforma, explicó que se ha concertado con los autores de la iniciativa el concepto de reparación integral para ciertos delitos, como los que afectan el patrimonio económico y las lesiones personales culposas, permitiendo el desistimiento por parte de la víctima.

“Hemos concertado con los autores de esta iniciativa el concepto de reparación integral para ciertos delitos, los delitos contra el patrimonio económico, lesiones personales culposas y otros que permiten el desistimiento por parte del sujeto pasivo de ese delito (...) en esa condición, se admite una indemnización que, por supuesto, debe ser tasada por un perito competente, para poder reparar ese daño causado a la víctima”, señaló Motoa.

Además, aclaró que la indemnización debe ser evaluada por un perito competente para reparar el daño causado a la víctima. Además, se ha incluido una salvaguarda en el texto para que esta medida no se aplique en casos de reincidencia en los delitos, asegurando que quienes reincidan en los últimos cinco años enfrenten penas privativas de libertad.

“Pero también incluimos que no se permitirá, en el caso de los reincidentes, aplicar esa extinción de la acción penal. Cuando se vuelve a cometer un delito en los últimos cinco años, lo que cabe para ese delincuente es la pena privativa de la libertad, no se permitirá esa indemnización o esa reparación integral”, explicó el senador de Cambio Radical.

Por su parte, el senador Ariel Ávila afirmó que la medida solo aplicaría para delitos patrimoniales y en algunos casos para delitos culposos.

“Si hay un acuerdo entre víctima y victimario, si el juez con un perito determina, se puede dar la reparación integral que es el pago de la deuda, más lo que se estime en intereses u otros daños y se paga esa reparación. Está en los delitos patrimoniales y en algunos delitos culposos, quedó en el caso del homicidio culposo, pero ese no es el premeditado y los senadores lo que incluimos es que no se permita el tema de reincidencia”, afirmó Ávila.

“Si dentro de los cinco años anteriores al acuerdo que se llega, hay un delito parecido o por lo mismo, no se aplica la indemnización integral, se sigue el proceso judicial, esto solo aplica para descongestionar la justicia, pero si hay reincidencia ello no opera”, añadió el senador.

La reforma a la justicia en Colombia ha suscitado un intenso debate debido a sus propuestas y las controversias que ha generado. Uno de los puntos más discutidos fue la propuesta de rebaja de penas para delitos graves, especialmente para agresores de menores, lo que provocó un rechazo generalizado y llevó a su eliminación.

El objetivo principal de la reforma es mejorar el acceso a la justicia, aumentar la transparencia y fomentar la participación ciudadana en el sistema judicial. Para lograrlo, se propone establecer un paquete mínimo de justicia en cada municipio, que incluiría la presencia de un juez promiscuo, un fiscal y una oficina de la Defensoría del Pueblo. Esta medida busca garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios judiciales básicos.

Otro aspecto relevante de la reforma es la promoción de la participación ciudadana en la elección de magistrados, con el fin de mejorar la transparencia en el sistema judicial. Asimismo, se plantea la creación de jueces y magistrados de apoyo itinerantes para abordar la descongestión judicial, aliviando así la carga de trabajo en los juzgados.

Sin embargo, la reforma también ha sido objeto de críticas por incluir beneficios para políticos involucrados en problemas judiciales, lo que ha generado desconfianza entre la población. Este aspecto ha sido señalado como un intento de proteger a ciertos sectores políticos, lo que ha aumentado la polémica en torno a la reforma.