Fiscalía investiga irregularidades en contrato millonario para equipos escolares en Arauca con posibles vínculos al ELN

La Fiscalía de Colombia ha iniciado una investigación sobre un contrato millonario firmado por la Gobernación de Arauca, que pretendía dotar a los colegios del departamento con equipos y mobiliario.

Según denuncias, los elementos adquiridos presentan sobrecostos significativos y no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por el Ministerio de Educación.

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Además, se sospecha que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) podría estar involucrado en el direccionamiento de este contrato.

De acuerdo con la investigación del medio Semana, el contrato, valorado en 17.000 millones de pesos, incluía la compra de diversos equipos como computadores, televisores, aires acondicionados y mobiliario escolar.

Sin embargo, documentos presentados a la Fiscalía revelan que los precios de estos artículos superan ampliamente los valores de mercado. Por ejemplo, se adquirieron computadores por casi 5 millones de pesos cada uno, cuando en el mercado no superan los 2 millones, y televisores por casi 7 millones, aunque su precio real es inferior a 4 millones.

El medio citado señala que los equipos entregados no coinciden con las especificaciones técnicas acordadas en el contrato. En algunos casos, se sustituyeron por marcas más económicas sin justificación aparente. Además, se reporta que varios de estos equipos no han llegado a los colegios, a pesar de que el contrato fue liquidado hace más de diez meses.

El actual gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez, está bajo escrutinio por su posible responsabilidad en estas irregularidades.

Según la denuncia, Martínez, que anteriormente ocupó cargos en administraciones departamentales previas, podría tener vínculos con el ELN, una guerrilla que ha sido acusada de beneficiarse de contratos gubernamentales a través de testaferros.

La investigación de la Fiscalía también busca esclarecer si el ELN ha influido en la adjudicación de contratos en la región, un patrón que ya ha llevado a la condena de anteriores mandatarios de Arauca.

La denuncia incluye pruebas documentales que muestran cómo los precios de los equipos y mobiliario fueron inflados deliberadamente, y cómo se utilizó una subasta inversa para adquirirlos a precios superiores a los del acuerdo marco tecnológico y de mobiliario educativo.

La situación ha generado preocupación entre padres, docentes y estudiantes, quienes afirman que los recursos destinados a mejorar la infraestructura educativa no han sido utilizados adecuadamente. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para determinar la magnitud de los sobrecostos y la posible implicación del ELN en este caso de corrupción.

Mientras tanto, la situación en Arauca se agrava para los medios de comunicación locales, que enfrentan una creciente ola de intimidaciones por parte de grupos armados ilegales.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha documentado un aumento alarmante en los ataques a periodistas en la región, muchos de los cuales están cubriendo temas sensibles como la corrupción y la violencia.

Uno de los casos más recientes involucra al portal La Lupa Araucana, cuyo director, Carlos Pérez, también corresponsal de Caracol Televisión, ha sido amenazado tras publicar un video en el que el comandante de las disidencias de las Farc, Héctor Aguilar, alias Pescado, advertía sobre tensiones entre su grupo y el ELN.

En respuesta, el ELN descalificó al medio y emitió un panfleto acusándolo de ser un “órgano oficial” para la difusión de mensajes mercenarios.

La Flip ha registrado 37 incidentes de violencia contra la prensa en Arauca entre enero y noviembre de 2024, incluidos desplazamientos forzados y amenazas de muerte. Estos ataques se han intensificado, especialmente después de que los periodistas expusieron temas vinculados a la corrupción y las actividades de los grupos armados en la región.

Ante esta grave situación, la Flip ha solicitado al Gobierno y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que refuercen las medidas de seguridad para los periodistas y condenen las amenazas que limitan el libre ejercicio del periodismo.

Este ambiente de violencia y coacción en Arauca no solo afecta el funcionamiento de las instituciones educativas y la libertad de prensa, sino que también subraya la influencia de los grupos armados en el manejo de recursos públicos y en el control de la información en la región.

Las autoridades continúan investigando ambos casos, pero la situación sigue siendo crítica para los periodistas y la comunidad educativa.