Fiscal Luz Adriana Camargo sostuvo una reunión clave con emisarios de Estados Unidos para indagar el uso de Pegasus en Colombia

Nuevas pistas han emergido sobre la polémica adquisición del software de espionaje Pegasus, utilizado en Colombia con fines de lucha contra el narcotráfico, según confirmó el Gobierno estadounidense.

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la administración de Joe Biden, a través de emisarios de alto nivel, confirmó que Estados Unidos financió la compra de esta herramienta tecnológica en 2021, como parte de un acuerdo de cooperación con el Gobierno colombiano.

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Con motivo de este asunto, el miércoles 6 de noviembre de 2024, emisarios de la administración del presidente estadounidense Joe Biden viajaron a Bogotá para hablar con representantes del gobierno de Gustavo Petro sobre el uso del software Pegasus.

La reunión, según conoció el medio citado, se desarrolló en el contexto de las relaciones bilaterales entre ambos países y con el objetivo de abordar el uso de la tecnología en la lucha contra el narcotráfico. El encuentro se realizó justo 24 horas antes de que se revelara que fue el gobierno de Estados Unidos el que financió la adquisición de Pegasus a la empresa israelí NSO Group.

Durante este encuentro, que contó con la presencia de altos funcionarios del gobierno colombiano, se abordaron varios aspectos sensibles relacionados con el uso del software. De acuerdo con El Tiempo, se solicitó que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, fuera convocada a la Casa de Nariño, como parte de los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países.

Camargo asistió a la reunión, donde se le entregó información clave sobre el caso que ya había sido incorporada al expediente que la Fiscalía General había abierto tras las denuncias de interceptaciones ilegales.

La fiscal Camargo, según fuentes consultadas por el medio, tomó nota de los detalles sobre el uso de Pegasus, los cuales se habían transmitido previamente al Gobierno de Gustavo Petro. En esa reunión, se le explicó que el software se había adquirido con fondos completamente legales y que su objetivo exclusivo fue la lucha contra el narcotráfico, sin involucrar espionaje a figuras políticas colombianas.

Uno de los puntos más cruciales de las revelaciones es que, a pesar de las sospechas en Colombia, el software Pegasus fue adquirido con fondos del gobierno de Estados Unidos en el marco de un esfuerzo conjunto contra las organizaciones criminales transnacionales y los grupos armados ilegales involucrados en el narcotráfico.

Según la información proporcionada a El Tiempo, el pago se realizó en dos partes: 5,5 millones de dólares el 27 de junio de 2021 y otra suma igual el 22 de septiembre del mismo año. Los pagos fueron vinculados a la llegada de vuelos provenientes de Tel Aviv, que transportaron a ejecutivos de NSO Group hacia Bogotá.

“Como parte de esta cooperación, el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a proporcionar fondos a nuestros socios colombianos para adquirir el software Pegasus con el fin de impulsar esta misión antinarcóticos crítica”, afirmó una fuente del Gobierno estadounidense a El Tiempo. Además, se enfatizó que la operación se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad, con la supervisión de ambos países para garantizar que el uso del software se limitara a objetivos legítimos relacionados con el narcotráfico.

El uso de Pegasus fue autorizado por un acuerdo bilateral que ha sido común entre los dos países en los últimos 40 años, en sus esfuerzos para combatir el crimen organizado. No obstante, se aclaró que el presidente colombiano de aquel entonces, Iván Duque, no fue informado sobre la adquisición de este software, ya que se trató de “una operación rutinaria” entre las autoridades de ambos países.

Con la llegada de Gustavo Petro al poder, el Gobierno colombiano ha pedido una investigación más profunda sobre el caso. Daniel García Peña, embajador de Colombia en Washington, solicitó formalmente que Estados Unidos entregue toda la información relacionada con el uso de Pegasus en Colombia, particularmente los datos recopilados durante los 15 o 18 meses en que el software estuvo en operación en el país.

Las autoridades colombianas insisten en obtener más detalles sobre los objetivos específicos que se perseguían con el software y el alcance de su aplicación en el país. La fiscal Camargo, quien ahora tiene en sus manos los datos proporcionados por los emisarios estadounidenses, deberá continuar investigando el caso, mientras se mantienen abiertas las preguntas sobre la legalidad de las intervenciones realizadas en el país.