Katherine Miranda y su ‘hipótesis’ tras reveladores datos de compra de Pegasus: “¿Entonces Biden espió la campaña de Petro?”

Tras el revuelo que causó la versión de que el Gobierno de los Estados Unidos al parecer financió la adquisición del software Pegasus en Colombia, según reveló el jueves 7 de noviembre El Tiempo, en pro de fortalecer la lucha antidrogas, la representante a la Cámara Katherine Miranda, que hace parte de la bancada del partido Alianza Verde, no se aguantó las ganas: y, a su modo, enfiló baterías en contra del presidente Gustavo Petro, por usar el tema como “cortina de humo”.

De acuerdo con la información que dio a conocer el rotativo, los planes para obtener esta herramienta, se concretaron en 2020 sin que el entonces mandatario de los colombianos, Iván Duque Márquez, estuviera al tanto de tales operaciones. De hecho, la utilización del programa de espionaje, según se detalló, se detuvo en 2022, antes de que Petro asumiera la presidencia. Al menos esta es la versión que entregó un funcionario de la administración de Joe Biden.

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Fue entonces cuando la representante recordó una de las teorías expresadas por el primer mandatario: en el sentido de que la referida plataforma había sido utilizada, según él, para filtrar las conversaciones de su campaña presidencial y pasarle los videos de las reuniones virtuales al medio que dio a conocer los llamados Petrovideos. Lo que generó una serie de reacciones en lo que respecta a este caso, pues desbarataría las versiones promovidas desde la Casa de Nariño.

“¡Momento! ¿Entonces Biden espío (sic) la campaña de Petro y filtró las reuniones a @VickyDavilaH? ¿Sin esta cortina de humo podemos, ahora sí, pensar en lo importante para el país?”, comentó Miranda en su perfil de X, en el que replicó el artículo periodístico que generó revuelo en las redes sociales, al sugerir la exageración en las denuncias del presidente y cómo, desde su óptica, el tema fue usado para desviar la atención hacia temas más trascendentales.

Según reveló El Tiempo, en consulta con fuentes del Gobierno norteamericano, como parte de esta cooperación, la administración Biden se comprometió a proporcionar fondos a sus socios colombianos para adquirir Pegasus. Estos dineros se destinaron en dos pagos de 5,5 millones de dólares cada uno, efectuados el 27 de junio y el 22 de septiembre de 2021; en tanto que la llegada de los aviones al país coincidió con las entregas: el 25 de junio y el 18 de septiembre de ese año.

La adquisición del software involucró protocolos de seguridad estrictos. Es más: su existencia solo fue conocida por un reducido número de funcionarios y los responsables de su manejo tuvieron especial cuidado, de acuerdo con el relato conocido sobre el tema, de que se usara para el fin previsto inicialmente: la persecución de organizaciones dedicadas al narcotráfico en el territorio nacional.

“No tenemos información que sugiera que el software se utilizó indebidamente para vigilar a figuras políticas colombianas”, advirtió uno de los funcionarios consultados por el referido medio, que añadió que la supervisión era rigurosa para garantizar su uso adecuado.

Y frente a las inquietudes efectuadas en su momento por Gur Meggido, periodista del medio Haaretz, que sugirió que los fondos para pagar a NSO Group Limited, fabricante del programa, podrían provenir de una incautación de narcotráfico, se especificó que fue Estados Unidos el que financió la compra. Los voceros insistieron en que el dinero tenía un origen legal, lejos de cualquier transacción que estuviera al margen de la ley, como también dejó entrever el propio Petro.

“Queremos dejar muy claro que esto se hizo de una manera en la que no hubo ningún pago ilícito”, expresó un portavoz de la administración estadounidense que prefirió guardar su identidad, pero que reiteró que el compromiso financiero se estableció en 2020. Esta fue vista, incluso, como una práctica común en las operaciones conjuntas entre ambos países, que provienen desde hace décadas, sin importar los mandatarios.

La polémica en torno al software Pegasus se intensificó a finales de 2021, cuando comenzaron a surgir denuncias por su uso indebido contra periodistas y defensores de derechos humanos en todo el mundo. “Empezamos a tomar una serie de medidas concretas sin precedentes”, afirmó una de las fuentes al citado medio, en lo que podría representar un cambio radical en el curso de las investigaciones, solicitadas por el primer mandatario de los colombianos.