En septiembre de 2023, el presidente Gustavo Petro propuso implementar un impuesto en las ciudades principales para el uso del transporte público, que sería cobrado en el recibo de la luz por ciertos sectores de la población; en ese momento, se generó una polémica y gran parte de la ciudadanía rechazó que se implementara un proyecto de esta índole.
A pesar de que en ese momento estuvo en contra de la propuesta del presidente, el 8 de noviembre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció la radicación, ante la Asamblea de Antioquia, de un proyecto de ordenanza en el que se propone el cobro de una contribución para seguridad a través de la factura de energía.
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De acuerdo con el gobernador, se busca que la ciudadanía contribuya en las mejoras para la seguridad y la convivencia del departamento, pero aclaró que se trata de una medida que sería aplicada exclusivamente para las viviendas de estratos 4, 5 y 6, además de los sectores comerciales.
En la sustentación del proyecto, Rendón indicó que el dinero recaudado serviría para intervenir en el fortalecimiento de la tecnología en Antioquia, principalmente para la instalación de cámaras de seguridad; sumado a esto, la consolidación de una línea 123 que sea exclusiva del departamento y la adecuación de 5.000 placas polideportivas.
Adicional a ello, también servirá para la construcción de una cárcel en la región y mejorar la infraestructura de las estaciones de policía.
Con los objetivos trazados, Rendón indicó que en caso de ser aprobado, el proyecto recolectará 1,2 billones de pesos en dos años, con los que se espera cumplir con los proyectos explicados y de ser posible, varios que se añadirán en el proceso de implementación.
“No se le va a cobrar a ninguna unidad residencial perteneciente a los estratos 1, 2 y 3. Se comienza a cobrar a partir del 4, 5 y 6 más o menos 80 pesos por kilovatio hora consumido”, explicó Andrés Julián Rendón.
Durante la intervención pública, el gobernador explicó el tipo de tecnología que busca adquirir para el departamento, con lo que espera que se mejoren las cifras de criminalidad y convivencia en la región.
“El volumen de recursos tiene una destinación específica, en tecnología, en convivencia y en levantar la infraestructura, en la construcción de la cárcel, en darle a Medellín y al Valle de Aburrá más recursos para que pongan cámaras LPR (lectores de matrículas) y PTZ (Panorámica, Inclinación y Zoom)”, declaró Rendón.
Sobre la necesidad que tiene Antioquia de un proyecto de esta índole, Rendón explicó que hay 25 zonas en el departamento que no cuentan con patrullaje mixto, lo que para él es una necesidad primaría respecto a mejores en seguridad.
Además, recordó que varios municipios han enviado alarmas por el hacinamiento que se registra en las estaciones de policía y las condiciones en las que permanecen los privados de la libertad en estos lugares, que, para él, permite que los criminales puedan delinquir con libertad, puesto que cada vez hay menos espacios libres en estos centros de detención y por ello se requiere la construcción de una cárcel.
A favor del proyecto se pronunció la alcaldesa del municipio de Nariño, Erika Cardona Pérez, que aseguró que las autoridades no cuentan con las herramientas para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier tipo de emergencia.
“Hoy la realidad de los municipios es que hemos perdido capacidad de respuesta en la realidad y eso ha abierto espacios a la delincuencia, de igual manera hay otro tema que siempre visibilizo en los diferentes espacios. Hoy los sindicados se nos han vuelto el cuello de botella”, declaró Cardona Pérez.
Por último, Rendón indicó que en caso de que la Asamblea Departamental apruebe el proyecto, la contribución comenzaría a recaudarse en enero de 2025.