La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) publicó un comunicado en el que exigió con contundencia una explicación al gobierno de Gustavo Petro frente a las declaraciones del director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, las cuales contradicen el deber de los funcionarios de proteger el ejercicio periodístico y que se difundieron en una pieza audiovisual.
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El 7 de noviembre de 2024 se publicó el video protagonizado por Gustavo Bolívar, que generó controversia al sugerir que el gobierno de Gustavo Petro podría estar involucrado en campañas de desprestigio contra medios de comunicación como Caracol, RCN y Semana, cuando el funcionario afirmó que “el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes”.
En el video, Bolívar menciona que estas campañas han “dado resultados”, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la posible intervención gubernamental en acciones que podrían amenazar la libertad de prensa.
En la grabación, Bolívar aparece en lo que parece ser el interior de un vehículo y declara: “Sí tiene que ver con un cambio, digamos, en las comunicaciones. Ahora yo creo que el Gobierno está empezando a comunicar mejor que antes; ya, digamos, todos los influencers han tenido mucha más credibilidad y la gente está empezando a mirar las noticias a través de ellos. Ya todas estas campañas que se han hecho contra Caracol, RCN, Semana, terrible, han dado resultado y es que la gente deje de consumir esos productos, que son los que día y noche están goleando al presidente”.
Según la Flip, las campañas de desprestigio en redes sociales no solo critican a los medios de comunicación, sino que también incluyen insultos y amenazas, que estarían reflejando patrones de actividad coordinada que podrían estar respaldados por el Gobierno.
“Además, si bien las conversaciones contienen actividad orgánica auténtica, ellas también reflejan patrones de actividad coordinada. Las declaraciones de Bolívar son un indicio alarmante de que estas acciones pueden haber contado con apoyo desde el Gobierno, lo que constituye una amenaza seria al ejercicio de la libertad de prensa”, se lee en el comunicado.
Lo que dijo la Flip sobre la respuesta de Bolívar
Bolívar, en respuesta a la difusión del video, argumentó en la red social X que sus declaraciones fueron hechas en un ámbito privado y que no debería rendir cuentas por ellas. Sin embargo, la FLIP consideró que esta respuesta es insatisfactoria, ya que el interés público en sus palabras no disminuye por el contexto privado en el que fueron expresadas.
La organización insiste en que, dada la gravedad de sus afirmaciones, Bolívar debe aclarar públicamente a qué se refiere con los “resultados” de estas campañas.
Mientras tanto, así como Bolívar también el presidente Petro cuestionó la llegada del video a Semana, con la sugerencia de que el medio podría estar involucrado en actividades irregulares al publicarlo. En ese sentido, la Flip expresó que “los medios de comunicación tienen el derecho de recibir y publicar este tipo de materiales proporcionados por fuentes reservadas, una práctica legítima amparada por estándares constitucionales de libertad de prensa. En segundo lugar, con estas declaraciones, el gobierno busca desviar la atención de las graves afirmaciones de Bolívar”.
La situación se agrava al considerar la decisión de la Corte Constitucional en la sentencia T-203 de 2022, que validó la difusión no autorizada de un audio en un contexto similar, con el argumento de que la divulgación de información de interés social está protegida por la Constitución.
El comunicado citó al tribunal en el que se explicó que, “si bien desde el punto de vista del lugar en que se realizó el encuentro existía alguna expectativa de privacidad, lo cierto es que la reunión se desenvolvió en el plano de asuntos que no están amparados por una reserva especial y que, prima facie, son de importancia social”.
La FLIP insta al gobierno a aclarar su relación con estas campañas y a demostrar su compromiso con la libertad de prensa en Colombia, advirtiendo que cualquier intento de limitar el ejercicio informativo contraviene las normas internacionales de derechos humanos.