Reforma política 2.0 sigue en discusión, pero enfrenta oposición en el Congreso: ¿avance o retroceso?

La reforma política 2.0 propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro avanzó en el Congreso con modificaciones significativas respecto a la versión que se hundió en 2023. Esta vez, la iniciativa cuenta con mayor apoyo en la Cámara de Representantes; sin embargo, enfrenta también fuertes cuestionamientos, entre ellos, los de la representante Jennifer Pedraza, que cuestionó abiertamente varios de los aspectos clave del proyecto, advirtiendo sobre su impacto en la transparencia y la equidad del sistema político.

Uno de los puntos más controvertidos es el mecanismo de elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). En el proyecto inicial, se propuso un cambio estructural para que estos fueran elegidos por medio de concursos de méritos supervisados por la rama judicial, en lugar de que el Congreso decidiera su designación. No obstante, la versión presentada en el primer debate eliminó esta modificación y mantuvo la elección en manos del Congreso, aunque se sugirió que los candidatos se seleccionaran mediante convocatoria pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para Pedraza, esta medida no garantiza la independencia de los magistrados, pues, como afirmó en su cuenta de X que, “los magistrados del CNE seguirán siendo elegidos por los mismos partidos a los que deben investigar, sin independencia”.

En respuesta a esta inquietud, el ponente del proyecto, Heráclito Landínez, defendió la idea de mantener la elección en el Congreso, aunque dejó abierta la posibilidad de ajustes en el mecanismo. “Podría ser un sistema similar al mecanismo que se adoptó para escoger procurador o magistrados de la Corte Constitucional (…) En este caso, vamos a buscar un sistema que se asemeje, para que los elegidos correspondan más a la función de vigilancia y control que debe hacer el CNE y no defender a políticos”, declaró a medios locales.

Otro punto polémico señalado por Pedraza es la introducción de listas cerradas obligatorias y paritarias, una medida que, según el Gobierno, busca erradicar la competencia interna dentro de los partidos y fomentar la equidad de género; sin embargo, la congresista criticó la implementación de listas cerradas, que se impondrían a partir de 2030, eliminando la posibilidad de votar por candidatos individuales.

En su publicación, Pedraza expresó: “❌Propone que TODAS las listas sean cerradas en 2030, eliminando la opción de votar por candidatos/as individuales. ✅ Proponemos mantener listas cerradas como abiertas”, al sugerir un sistema mixto para permitir una mayor libertad de elección.

La reforma también provocó debate en torno a la financiación estatal de las campañas políticas, un pilar de la propuesta que pretende reducir la influencia de intereses privados y, especialmente, de los contratistas en las elecciones. De acuerdo con Landínez, se pretende que la financiación de campañas sea “ciento por ciento estatal”, de modo que los partidos reciban recursos públicos y solo puedan aceptar aportes de organizaciones no gubernamentales o ciudadanos, eliminando así el financiamiento de contratistas.

No obstante, esta propuesta también fue objeto de discusiones dentro del Congreso, donde algunos sectores defienden un modelo de financiación que permita un equilibrio entre fondos públicos y privados, en una proporción de 80/20, como sugirió la representante Catherine Juvinao.

Además de la financiación, la reforma incluye medidas relacionadas con el transfuguismo —se denomina así a los líderes que, al cambiar de grupo, traicionan a sus compañeros de lista o partido—, al proponer que los políticos puedan cambiar de partido únicamente si renuncian un año antes de la siguiente elección. La iniciativa fue aplaudida en su momento por aquellos que buscan limitar los cambios de colectividad en tiempos electorales, pero algunos congresistas han advertido sobre los efectos de esta norma para la estabilidad de los partidos.

Pedraza expuso otros aspectos de la reforma que, a su juicio, no favorecen a las minorías políticas. Uno de sus cuestionamientos destaca que la reforma permite a los grandes partidos formar coaliciones, lo cual, en su opinión, beneficiaría a los grupos políticos con mayor representación, como el Pacto Histórico y el Partido Liberal.

“❌Contra las minorías: Hoy solo las minorías pueden hacer coaliciones para no desaparecer. Este beneficio se extiende a los partidos grandes”, señaló Pedraza, abogando por mantener las coaliciones únicamente para partidos minoritarios.

En cuanto a la paridad de género, la congresista opositora también evidenció una ambigüedad en el lenguaje del articulado, señalando que el texto menciona términos como “equidad de género” y “paridad”, sin especificar la exigencia de una representación del 50% para las mujeres en las listas. Para Pedraza, es esencial que se aclare la obligatoriedad de la paridad de género, y propuso que esta se establezca claramente en el proyecto.

La discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes no solo se centrará en estos puntos, sino en otras propuestas que quedaron pendientes en el primer debate, como el voto obligatorio, que había sido propuesto por el Partido Verde con la intención de fomentar una cultura de participación electoral y sancionar a quienes no voten. Aunque esta idea encontró resistencia entre sectores conservadores, sus proponentes argumentan que el voto obligatorio contribuiría a fortalecer la responsabilidad ciudadana en el proceso electoral.

En general, aunque la reforma política cuenta con un respaldo significativo en la Cámara, sus detractores, como Pedraza y otros representantes independientes, plantean serias dudas sobre los impactos a largo plazo de sus disposiciones. Para el Gobierno, sacar adelante esta reforma representa una oportunidad para transformar el sistema político y “librarlo de la corrupción”; sin embargo, el debate promete ser intenso y prolongado, con expectativas de que la reforma logre superar los siete debates restantes en el Congreso antes que concluya 2024.