Nuevos detalles en caso de corrupción policial: oficial involucrado en extorsión a ladrón había sido condecorado

Un caso de abuso de autoridad destapó un escándalo en la capital antioqueña

Guardar
Oficiales de la Policía Nacional en Medellín están implicados en un escándalo de extorsión y detención ilegal - crédito Policía Nacional/X
Oficiales de la Policía Nacional en Medellín están implicados en un escándalo de extorsión y detención ilegal - crédito Policía Nacional/X

Las investigaciones lideradas por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación revelaron un escándalo de corrupción y abuso de poder que involucra a cinco hombres en Medellín, incluyendo a tres oficiales de la Policía Nacional, quienes estarían implicados en un caso de detención ilegal y extorsión. Los detalles de este caso generaron gran conmoción y preocupación entre la ciudadanía, destacando cómo presuntamente los implicados manipularon sus cargos y recursos oficiales para obtener beneficios económicos a través de métodos ilícitos y abusivos, aprovechándose de su posición de autoridad.

Los hechos ocurrieron el 6 de octubre de 2023, cuando Cristian Camilo Ríos y José Alberto Ríos, dos hermanos de Medellín, informaron a un intendente y dos patrulleros de la Policía que habían sido víctimas de un robo de 10 millones de pesos, presuntamente cometido por un hombre identificado como Maicol Andretti Zapata Martínez. Sin embargo, en lugar de seguir el procedimiento legal establecido, los policías, en conjunto con los hermanos Ríos, idearon un plan para capturar y extorsionar a Zapata Martínez, desviando los procesos de justicia y utilizando sus roles en beneficio propio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El caso de corrupción sacudió con fuerza a la ciudadanía de Medellín - crédito @FiscaliaCol
El caso de corrupción sacudió con fuerza a la ciudadanía de Medellín - crédito @FiscaliaCol

La Fiscalía estableció que, tras capturar a Zapata Martínez, los oficiales Jhon Geulis Palacio López, Mauricio David Herrera Eraso y Jorge Esteban Arrieta Dávila no lo llevaron a una instalación policial ni informaron a la Fiscalía de la captura. En cambio, lo trasladaron a una residencia en el barrio Naranjal, en la Comuna 11 de Medellín, donde fue retenido ilegalmente durante aproximadamente tres horas. Durante este tiempo, Zapata Martínez permaneció esposado, sin lectura de derechos y bajo la vigilancia de los oficiales, lo que violaba claramente los protocolos de detención.

Posteriormente, los agentes trasladaron al detenido en una patrulla policial, momento en el que le exigieron 20 millones de pesos a cambio de no procesarlo por el presunto robo. Según el reporte de la Fiscalía, Zapata Martínez accedió a pagar parte de la suma solicitada, y su pareja entregó 10 millones de pesos a los policías. Sin embargo, a pesar de recibir el dinero, los oficiales procedieron a formalizar la captura de Zapata Martínez, alegando una “flagrancia” en el delito de hurto y sin reportar el pago que habían obtenido de él. Así, lo entregaron al sistema judicial, omitiendo cualquier mención de la extorsión cometida durante el proceso.

Zapata Martínez permaneció esposado, sin lectura de derechos y bajo la vigilancia de los oficiales - crédito Colprensa
Zapata Martínez permaneció esposado, sin lectura de derechos y bajo la vigilancia de los oficiales - crédito Colprensa

El caso se tornó aún más controversial cuando se reveló que uno de los oficiales implicados, el intendente Jhon Geulis Palacio López, había sido condecorado con la medalla Coronel Atanasio Girardot por el Gobernador de Antioquia el 21 de noviembre de 2023, poco después de los hechos de extorsión. Este reconocimiento añadió una capa de complejidad al caso, pues cuestiona los sistemas de vigilancia y rendición de cuentas dentro de las instituciones policiales.

Tras meses de exhaustiva investigación, la Fiscalía General de la Nación emitió órdenes de captura contra los cinco hombres, quienes fueron detenidos el 10 de octubre de 2024. En la audiencia, el Juzgado 050 Penal Municipal de Garantías de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los involucrados. A cada uno de ellos se le imputaron cargos por concusión, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica en documento público. Sin embargo, los acusados se declararon inocentes y no aceptaron ninguno de los cargos.

Los agentes trasladaron al detenido en una patrulla policial, momento en el que le exigieron 20 millones de pesos a cambio de no procesarlo por el presunto robo - crédito Colprensa
Los agentes trasladaron al detenido en una patrulla policial, momento en el que le exigieron 20 millones de pesos a cambio de no procesarlo por el presunto robo - crédito Colprensa

Este caso desató una oleada de reacciones en Medellín, donde tanto ciudadanos como organizaciones sociales exigen transparencia y rendición de cuentas en el sistema policial y judicial. La Fiscalía reiteró su compromiso de investigar y sancionar los delitos contra la administración pública para preservar la integridad de las instituciones.

Guardar