Ministerio de Educación estaría planteado decreto para regular megasalarios en universidades públicas

El Ministerio de Educación alista un decreto con el propósito de reformar el actual sistema de remuneración para docentes en universidades públicas, conocido por permitir altos incrementos salariales en algunas posiciones, de acuerdo con información obtenida por el periódico colombiano El Tiempo.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, en un foro reciente en la Universidad del Valle, mencionó la necesidad de ajustar el mecanismo para frenar los llamados “megasalarios”, dado que algunos profesores superan el sueldo de los congresistas, alcanzando hasta $80 millones de pesos mensuales.

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La medida se enfocaría en modificar el sistema de puntos regulado por el decreto 1279 de 2002, que ha sido una herramienta fundamental para definir las escalas salariales en el sector educativo público.

“Con el respeto que se merecen, pero hay profesores y profesoras que se ganan 60, 70 y 80 millones de pesos porque publican hasta 12, 14, 15 publicaciones de investigación al año. Me pregunto, ¿qué capacidad de producción intelectual? Mis respetos. Pero ¿quiénes son los que verdaderamente los escriben? ¿Los monitores, los profesores hora cátedra, los estudiantes (a quienes ni siquiera se les da un almuerzo digno)? Pues eso se acaba”, expresó Rojas en referencia a prácticas que considera problemáticas en el sistema actual.

De acuerdo con el ministerio, el objetivo del decreto es redirigir los recursos y lograr una distribución más justa, limitando los aumentos automáticos que algunos profesores acumulan por cada publicación o actividad académica realizada, y permitiendo destinar fondos a quienes están en condiciones laborales precarias. Este plan de modificación, sin embargo, ha generado resistencia en algunos sectores docentes, quienes lo ven como una amenaza a derechos adquiridos.

Según explica el analista educativo Ricardo Rodríguez, citado por El Tiempo, “este decreto estableció un nuevo régimen salarial que premiaba al maestro, más que por la docencia, por su producción. Pero, aunque tal vez no fue lo más acertado, se creó un mecanismo que efectivamente mejora la base salarial docente, y eliminarlo o restringirlo para muchos restringe un derecho laboral ya adquirido”.

Actualmente, el sistema de puntos otorga beneficios según diversas categorías, entre las que se incluyen la formación académica, la experiencia y el desempeño en docencia e investigación. Esto implica que a mayor número de puntos, mayor será el salario, lo cual puede incrementar con publicaciones académicas, participación en proyectos, o invitaciones como conferencista en otras instituciones.

La regulación actual ha permitido que algunos docentes acumulen puntos que incrementan su salario considerablemente de por vida.

Por otro lado, las universidades enfrentan dificultades financieras para cubrir los altos salarios resultantes del sistema. Según datos del Sistema Estatal Universitario, el sector público tenía una deuda en 2022 que ascendía a $3.200 millones mensuales por la obligación de pago de más de 200.000 puntos acumulados a sus profesores.

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En un contexto de déficit presupuestal, el gasto en salarios representa un desafío creciente para instituciones como la Universidad de Antioquia, que enfrenta dificultades para sostener el año académico.

Esta reforma salarial está acompañada de un segundo decreto que busca formalizar la vinculación laboral de profesores que actualmente no están integrados en las nóminas, buscando con esto mayor equidad en la remuneración. El ministro Rojas aclaró que el enfoque de estos decretos es ajustarse a la realidad fiscal y evitar que la crisis financiera afecte a los más vulnerables del sector educativo.