Gabriel Yepes Mejía, conocido como alias HH, y otros diez miembros del frente Comuneros del Sur, del ELN, se vieron beneficiados por la justicia, ya que fueron suspendidas sus órdenes de captura y extradición por un período de seis meses.
Esta decisión fue tomada por la Fiscalía General de Colombia a petición del gobierno de Gustavo Petro, en el desarrollo de las negociaciones de paz que se llevan a cabo con esta disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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La medida, que busca facilitar el avance de las conversaciones de paz, se aplicará en zonas rurales de varios municipios de Nariño y en Bogotá, siempre que la movilidad de los beneficiados esté relacionada con actividades de la mesa de diálogo.
Según la Fiscalía, esta suspensión no afectará las órdenes de captura por violaciones graves a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario.
El proceso de diálogo con Comuneros del sur se desarrolla de manera paralela a las negociaciones nacionales con el ELN, que se encuentran estancadas desde septiembre tras un ataque a una base militar en Puerto Jordán, Arauca.
En contraste, las conversaciones con este frente mostraron avances significativos, incluyendo compromisos para detener secuestros y el reclutamiento de menores, así como garantizar la búsqueda de personas desaparecidas.
La suspensión de las órdenes de captura fue formalizada mediante la Resolución 00502 de 2024, emitida por la Fiscalía, tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
“La decisión fue adoptada mediante la Resolución 00502 de 2024, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la solicitud del Comisionado de Paz, quien certificó que el proceso con esa organización armada se encuentra en estado ‘avanzado’ y que las diferentes fases previstas se han surtido de manera exitosa y satisfactoria”, indicó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado.
Esta resolución responde a una solicitud presentada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz el 11 de octubre, que certificó el estado avanzado del proceso con el grupo armado.
Aunque el ente acusador aclaró que “la medida no tendrá efectos en situaciones de flagrancia respecto de conductas delictivasque constituyan graves violaciones de los derechos humanos, incluidas el secuestro y la extorsión, e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
Entre los beneficiados por esta medida se encuentran también Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, Antonio José Ovallos Anteliz, Segundo Andrés Obregón Obando, Royer Edgardo Garzón Alvarado, Jorge Wilfredo Rosero Marín, Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, Santo Eligio García Natascuas, Jaime Eduardo Álvarez Riascos, Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz.
El Gobierno de Gustavo Petro reconoció al frente Comuneros del Sur como un grupo independiente del ELN desde agosto, tras su separación formal de la guerrilla. Este reconocimiento permitió un enfoque diferenciado en las negociaciones, que buscan desescalar la violencia en la región y promover transformaciones territoriales hacia la paz.
La Fiscalía General de la Nación enfatizó en que la suspensión de las órdenes de captura incluye la firma de un acta de compromiso que prohíbe el porte de armas de fuego y el uso de prendas exclusivas de la fuerza pública. Esta medida es parte de la política de paz total del gobierno, que busca una solución negociada al conflicto armado en Colombia.
Acuerdo histórico entre Comuneros del Sur y Gobierno busca cesar violencia
Comuneros del Sur y el Gobierno nacional alcanzaron un acuerdo significativo en el desarrollo de las negociaciones que comenzaron el 13 de septiembre. Según se conoció, el grupo armado se comprometió a cesar actividades como los secuestros, el reclutamiento de menores y el uso de minas antipersonal. Este compromiso es parte de un esfuerzo más amplio para establecer un cese al fuego bilateral y definitivo.
La Consejería del Comisionado de Paz del Gobierno fue la encargada de anunciar estos avances a finales de septiembre. Las negociaciones con Comuneros del sur representan un paso importante hacia la pacificación de las regiones afectadas por el conflicto armado. El diálogo entre ambas partes busca no solo detener la violencia, sino también establecer un marco de cooperación que permita avanzar en la resolución de las causas subyacentes del conflicto.
El compromiso de Comuneros del Sur de suspender prácticas como el secuestro y el reclutamiento de menores es un avance crucial. Estas actividades han sido una fuente de sufrimiento para las comunidades locales y su eliminación podría mejorar significativamente la situación humanitaria en las áreas afectadas.
Por su parte, el Gobierno manifestó su intención de trabajar en conjunto con el grupo armado para lograr un cese al fuego que sea tanto bilateral como definitivo. Este objetivo es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de las poblaciones en las zonas de conflicto.
El establecimiento de una mesa de diálogo desde el 13 de septiembre permitieron que ambas partes discutan y acuerden medidas concretas para avanzar hacia la paz. La continuidad de estas conversaciones será esencial para asegurar que los compromisos adquiridos se traduzcan en acciones efectivas sobre el terreno.
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