David Luna denunció “mico” en borrador de decreto sobre usos de la hoja de coca: “Piensan alimentar las arcas de grupos al margen de la ley”

El senador opositor David Luna, del partido Cambio Radical, reveló las intenciones que “ocultaría”un borrador de decreto del Gobierno nacional con el que se busca legalizar algunos usos de la hoja de coca.

De acuerdo con el senador, el decreto que plantea la regulación del uso de la hoja de coca para fines médicos y científicos también buscaría permitirle al Estado adquirir todos los cultivos de coca del país, bajo el pretexto de destinarlos a usos científicos o medicinales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El borrador del decreto, que en principio tiene como objetivo establecer un sistema de licencias para el uso controlado de la hoja de coca, ha generado controversia en sectores políticos, especialmente de la oposición, debido a que, según el senador, esta medida podría facilitar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro implemente la propuesta que ya ha anunciado en anteriores oportunidades, lo cual, desde su perspectiva, sería inconstitucional e ilegal.

“Increíblemente el Gobierno del presidente Petro está tratando nuevamente de brincarse la ley y a través de un ‘orangután’ en un borrador de decreto está pretendiendo autorizar que se pueda comprar cultivos preexistentes de coca con fines de investigación o con fines de salud. Eso permitiría que la propuesta hecha por el presidente Petro con bombos y platillos en semanas pasados puede ser una realidad, desde mi punto de vista eso es inconstitucional e ilegal”, sostuvo Luna.

Asimismo, cuestionó la posibilidad de que el Estado compre todos los cultivos de coca, pues temen que esta medida pueda ser utilizada para otros fines no contemplados en el decreto y que, tras su sanción, sea aprovechado por grupos armados al margen de la ley:

“Esto podría significar que los recursos públicos terminen en manos de grupos criminales que controlan estos cultivos, como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y hasta grupos terroristas transnacionales como Hezbolá. Entonces la segunda pregunta es: ¿con los recursos de los impuestos que los colombianos pagan piensan alimentar las arcas de grupos al margen de la ley?”, enfatizó el senador de Cambio Radical.

El senador advirtió que, de concretarse el borrador de decreto, lo impugnará ante el Consejo de Estado, argumentando que la tipificación del delito de cultivo de coca es competencia exclusiva del Congreso, por lo que el presidente debe presentar una propuesta legislativa y someterla a debate y aprobación del Legislativo si desea eliminar este delito.

“La tipificación de un delito, como lo es el cultivo de coca, es competencia exclusiva del Congreso. Si el Presidente desea eliminar el tipo penal de estos cultivos, debe presentar una propuesta legislativa y someterla al debate y aprobación del legislativo”, puntualizó.

El documento, que consta de 28 páginas, establece el procedimiento para solicitar autorizaciones de siembra, posesión de semillas y uso de plantaciones, tanto nuevas como existentes. Este proceso está dirigido a cultivadores y entidades interesadas en la compra de estas plantas. Además, el decreto especifica que las plantas que no se utilicen como materia prima para productos lícitos deberán ser destruidas por las entidades públicas.

Es de señalar que, las entidades públicas que deseen participar en estos proyectos deberán presentar sus solicitudes al Consejo Nacional de Estupefacientes, detallando el tipo de proyecto que pretenden realizar, ya sea para comercialización, exportación o transferencia de sustancias o productos. Estos proyectos deben desarrollarse en colaboración con comunidades campesinas o étnicas en municipios donde hay presencia de cultivos ilícitos, asegurando un “reparto justo y equitativo acordado con la comunidad”, según el documento.

El decreto también establece que las semillas de coca y amapola podrán obtenerse de fuentes legales, incluyendo aquellas provenientes de resguardos comunitarios, además de las importadas. Sin embargo, las entidades no podrán asociarse con comunidades cuyos representantes tengan problemas legales, ni operar en territorios con procesos de extinción de dominio en curso o donde las condiciones de orden público impidan un seguimiento y control adecuados.