Para cumplir con la regla fiscal, creación de empleo público se redujo en Colombia

El Banco de Bogotá informó que el desempleo en las principales ciudades de Colombia fue del 9,2% en septiembre, una cifra inferior al 9,8% que preveían los analistas.

A nivel nacional, la tasa ajustada estacionalmente cayó de 10,0% en agosto a 9,8% en septiembre, el registro más bajo desde agosto de 2023.

Sin embargo, la entidad señala que esta reducción no se debe a una mayor creación de empleos, sino a un crecimiento en la inactividad laboral.

Durante agosto y septiembre, cerca de 250.000 personas dejaron de trabajar o de buscar empleo, pasando a la categoría de inactivos. En paralelo, se perdieron 193.000 puestos, y un gran grupo de personas decidió no intentar reincorporarse al mercado laboral.

Entre ellas, alrededor de 65.000 desempleados abandonaron la búsqueda activa de trabajo, no porque encontraran empleo, sino debido a una desmotivación general.

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Otro factor relevante es la desaceleración en el empleo público. Aunque el gobierno contribuyó a un crecimiento del empleo en el sector durante el primer semestre, el ajuste fiscal ha disminuido este aporte.

Para cumplir con la Regla Fiscal, el gobierno suspendió 20 billones de pesos del presupuesto, frenando así la contratación pública. Camilo Pérez, jefe de investigaciones del Banco, explicó que la reducción en estos empleos públicos está debilitando la capacidad del mercado laboral para recuperarse.

“Lo que hemos venido registrando hasta ahora es una un deterioro al menos en los últimos dos meses de la contratación pública, el hecho de que desaparezca esta contratación o incluso que se registre un deterioro en la misma implica, evidentemente, un mercado laboral más debilitado o menos resiliente”, le dijo Pérez a La República.

En los primeros cinco meses del año, el sector público logró un aumento promedio de 67.000 empleos comparado con el año pasado, pero desde junio —cuando se anunciaron los recortes— el número de empleados públicos disminuyó en 32.000.

Para el cierre de 2024, se espera que la tasa de desempleo se mantenga en un promedio del 10,6%. Aunque el sector servicios sigue impulsando la ocupación, el freno en el empleo público podría afectar las perspectivas de recuperación del mercado laboral en el país.

El déficit fiscal de Colombia alcanzó el 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) entre enero y agosto de 2024, según un informe del Banco de Bogotá, situándose como el segundo registro más alto para ese periodo desde 2004.

Esta cifra destaca un desafío fiscal importante para el Gobierno, que deberá ajustar sus niveles de gasto para cumplir con la Regla Fiscal este año.

Para alcanzar el objetivo trazado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Gobierno estima que el déficit fiscal se extenderá al 5,6% del PIB este año, un aumento de 1,4 puntos porcentuales en comparación con 2023..

Para cumplir con esta proyección, las autoridades deberán reducir el gasto público en un 20% y, al mismo tiempo, mantener el recaudo tributario en línea con las metas establecidas.

Sin embargo, la Dirección de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá advierte que, si no se alcanzan los ingresos proyectados por impuestos, el ajuste en el gasto podría superar incluso el 30%.

En cifras, esto implica que el Gobierno tendría aproximadamente $92,5 billones para los gastos de los últimos cuatro meses del año. No obstante, con un déficit en el recaudo de más de $8 billones hasta septiembre, el espacio disponible de gasto podría reducirse a unos $80,5 billones.

En el MFMP, el presupuesto proyectado para el funcionamiento y la inversión de este año fue de $303,9 billones, de los cuales ya se han desembolsado $211,4 billones entre enero y agosto, equivalente a un 69,5 % del total. Este nivel de gasto es notablemente superior al promedio histórico del 61,4 % que se observaba en el mismo periodo entre 2004 y 2022.

Ante esta situación, el Gobierno planea un ajuste en el gasto primario, que pasaría de un 19,2 % del PIB en 2023 al 18 % del PIB en 2024, con el fin de balancear la sostenibilidad financiera con la ejecución de programas prioritarios y el cumplimiento de su plan de desarrollo.