Irlandeses que entrenaban en explosivos a las Farc no serán expulsados de Colombia: por qué la JEP tomó esta decisión

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió anular la expulsión de tres ciudadanos irlandeses, Martín John McCauley, Niall Terrence Connolly y Séamus O’Muineacháin, quienes fueron condenados por asesorar a la extinta guerrilla de las Farc en la fabricación de explosivos.

De acuerdo con los reportes de esta jurisdicción, los tres extranjeros habían sido amnistiados en 2020 por parte del sistema de justicia transicional, antes de que fueran inadmitidos en 2022 y en mayo de 2024, por sus responsabilidades de entrar en el país con identidades falsas para cooperar con esa guerrilla en el Caguán en los años 2000.

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La determinación más reciente, como comunicó Blu Radio, se tomó luego de que la sección de apelación de la JEP ordenara la creación de una nueva subsala para evaluar si los irlandeses incumplieron sus compromisos con la jurisdicción, según informó un medio local.

La resolución original, emitida el 16 de mayo de 2024 por la subsala A de la Sala de Amnistía e Indulto (SAI), había determinado que los irlandeses habían violado gravemente el régimen de condicionalidad al no aportar una verdad plena.

Sin embargo, los acusados apelaron esta decisión, con el argumento de que la SAI había demorado injustificadamente en definir su situación jurídica, lo que, según ellos, violaba su derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica.

En su apelación, los irlandeses alegaron que la condena en su contra fue un montaje judicial y que el juicio del magistrado de la SAI fue sesgado. Además, señalaron una presunta violación del principio constitucional del juez natural, ya que una de las magistradas que participó en la decisión no había sido nombrada por el Comité de Escogencia, lo que podría invalidar la resolución.

Según comunicó el medio radial, la sección de apelación de la JEP consideró que esta irregularidad era suficiente para anular la decisión apelada, ya que la magistrada en cuestión no tenía jurisdicción para ejercer como tal, según lo establecido en el acto legislativo 1 de 2017. Por lo tanto, se dispuso la anulación de la resolución y se ordenó la conformación de una nueva subsala para decidir sobre el incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad.

Una jornada previa a la notificación se la JEP, el 5 de noviembre de 2024, se comunicó que Alejandro Ramelli, se posesionó como nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, y ya destacó la falta de colaboración de la Fiscalía General de la Nación en el traslado de expedientes relacionados con el conflicto armado en Colombia.

Ramelli expresó que la Fiscalía aún no ha entregado todos los documentos necesarios para avanzar en las sentencias sobre crímenes cometidos durante el conflicto, que incluyen los casos de falsos positivos y secuestros por parte de las antiguas Farc.

Durante su discurso, Ramelli enfatizó la importancia de contar con todos los expedientes para emitir sentencias completas y justas. “Más allá de los 22.000 casos que tenemos, parece que hay más expedientes todavía en la Fiscalía que no han sido remitidos a la Jurisdicción”, explicó el magistrado, en diálogo con la W Radio. Esta situación impediría que la JEP pueda dictar sentencias que abarquen todos los casos relacionados con el conflicto armado.

El magistrado Ramelli también mencionó que la JEP está trabajando en conjunto con la Fiscalía para resolver esta situación. “El compromiso con la señora fiscal es que ya en el término de dos semanas nos va a dar ese reporte para que nosotros podamos ya incluir a todas las víctimas”, afirmó. La intención es evitar que, una vez emitida una sentencia, se descubran casos adicionales que no fueron considerados, lo que podría comprometer la seguridad jurídica del proceso.

La JEP, creada para investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia, sigue emcarando el desafío de integrar todos los casos pendientes para garantizar un cierre definitivo y justo.