La Procuraduría le pidió a la JEP remitir los procesos contra Salvatore Mancuso, para cumplir fallo de la Corte Constitucional

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que transfiera el caso del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez a la jurisdicción de Justicia y Paz, conforme a un fallo reciente de la Corte Constitucional. Este tribunal rechazó la posibilidad de que los paramilitares pudieran ser juzgados por la JEP bajo la premisa de haber actuado como intermediarios entre grupos paramilitares y agentes del Estado.

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El comunicado de la Procuraduría, emitido en la mañana del miércoles 6 de noviembre, enfatiza que la Corte Constitucional determinó que los paramilitares no son destinatarios del acuerdo final de paz, lo que implica que su jurisdicción natural es el sistema transicional de Justicia y Paz. Este fallo afecta directamente a Mancuso, que había buscado acogerse a la JEP bajo la tesis de los paramilitares ‘bisagra’, una teoría que ha sido desestimada por el máximo tribunal constitucional.

“A la luz de la decisión de la Corte, antiguos paramilitares tampoco pueden acceder a la JEP como terceros, pues dicha calidad está reservada para quienes no hicieron parte de grupos armados involucrados en el conflicto”, señala el texto del Ministerio Público.

La Corte Constitucional, en su pronunciamiento, también estableció que los antiguos paramilitares no pueden acceder a la JEP como terceros, ya que esta categoría está reservada para aquellos que no formaron parte de grupos armados involucrados en el conflicto. Esta decisión limita significativamente las posibilidades de que Mancuso y otros exparamilitares sean juzgados por la JEP, obligándolos a enfrentar sus procesos en Justicia y Paz.

La Procuraduría advirtió que la tesis de los paramilitares ‘bisagra’ no podrá ser aplicada por la JEP en casos presentes y futuros, ya que, tras el fallo de la Corte, la JEP ha perdido competencia para continuar con los trámites transicionales basados en dicho planteamiento. Esta decisión marca un precedente importante en la interpretación de los acuerdos de paz y la jurisdicción aplicable a los actores del conflicto armado en Colombia.

Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar fue, en su momento, aceptado de manera excepcional por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como sujeto incorporado a la fuerza pública. Este hecho implicaba que Mancuso debería proporcionar información veraz sobre su papel y las alianzas criminales que estableció con altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía, según los dispuesto por el tribunal de paz para poder acogerse a sus beneficios.

Sin embargo, Mancuso enfrenta graves acusaciones por su participación en diversos delitos durante el conflicto armado en Colombia. Entre los cargos más serios se encuentran los homicidios, que incluyen tanto masacres como asesinatos selectivos. Además, se le atribuyen numerosos casos de desapariciones forzadas, un crimen que dejó una profunda huella en las comunidades afectadas.

Otro de los delitos por los que Mancuso ha sido señalado es el desplazamiento forzado de comunidades enteras, una práctica que desarraigó a miles de personas de sus hogares. Asimismo, se le acusa de haber ordenado y participado en actos de tortura contra civiles y combatientes, lo que agrava aún más su situación ante la justicia.

Las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) también forman parte de las acusaciones en su contra. Estos cargos reflejan la magnitud de los crímenes cometidos bajo su liderazgo en las filas paramilitares.

La aceptación de Mancuso por la JEP se da en un contexto donde se busca esclarecer la verdad sobre el conflicto armado en Colombia y las redes de complicidad que existieron entre grupos armados ilegales y sectores de la fuerza pública. Este proceso es crucial para avanzar en la reparación de las víctimas y la reconciliación nacional.

Sin embargo, pese a que Mancuso brindo información, eso no significa que sus delitos no deban permanecer en Justicia y Paz, de hecho luego de que el exparamilitar llegó a Colombia, la rama judicial debió decidir cómo se manejaría la situación de Mancuso.