El concejal de Bogotá Julián Uscátegui denunció una preocupante disminución en la capacidad operativa de la Policía Nacional de Colombia. Según el cabildante, la institución cuenta actualmente con 49.643 vehículos para transporte aéreo, terrestre y fluvial, de los cuales el 20% está fuera de servicio.
El vocero afirmó que dicha situación se debe a la falta de inversión y disposición del Gobierno del presidente Gustavo Petro para la adquisición y mantenimiento de estos vehículos, esenciales para garantizar la seguridad en el país.
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Uscátegui señaló que la reducción de recursos afecta a la Policía Nacional en varios frentes. De acuerdo con la información entregada por el cabildante, desde el inicio del gobierno de Petro, la cantidad de aeronaves ha disminuido de 143 a 115, lo que representa una reducción del 19.6%.
Esa merma impacta directamente en la capacidad de la policía para realizar tareas de transporte de uniformados, evacuación aeromédica, reconocimiento y vigilancia. Asimismo, el número de embarcaciones fluviales ha caído de 142 a 125, una disminución del 12%.
En cuanto a los vehículos terrestres, el vocero resaltó que la Policía Nacional dispone de 16.093 carros y 33.310 motocicletas, lo que significa una reducción de 43 carros y 1.717 motocicletas. Para el concejal dichos automotores son esenciales para acceder a zonas urbanas densas y de difícil acceso, y su escasez podría retrasar la respuesta a emergencias, afectando la seguridad ciudadana.
En cuanto a la situación de Bogotá, el cabildante sostuvo que es crítica, señalando que la Policía Metropolitana cuenta con 4.560 vehículos, de los cuales el 33.3% está fuera de servicio. Uscátegui calificó la situación como “muy grave y preocupante”, Señalando a su vez que la falta de los automotores pone en riesgo la seguridad y convivencia del país.
“Muy grave y preocupante que la Policía Nacional esté perdiendo capacidades para la lucha contra el crimen. La falta de vehículos pone en riesgo la seguridad y convivencia en todo el territorio nacional.” precisó Uscátegui.
El concejal enfatizó que la disminución de las capacidades de la Policía Nacional durante el Gobierno de Petro dificulta enormemente la persecución y captura de delincuentes. Según Uscátegui, lo anterior demuestra que la seguridad del país no es una prioridad para el actual gobierno.
La preocupación Uscátegui por la falta de automotores para la atención de la inseguridad en Bogotá, se suma a la denuncia que presentó a mediados de septiembre de 2024 el concejal Julián Sastoque sobre déficit de pie de fuerza en la ciudad.
Sastoque indicó que actualmente la ciudad cuenta con el menor número de policías en los últimos 12 años, lo que representa un 65% de los estándares internacionales recomendados por la ONU. Ese déficit se hace evidente en el contexto de un promedio de cuatro homicidios diarios registrados entre el 1 y el 15 de septiembre.
Sastoque destacó que, por cada 100.000 habitantes, Bogotá dispone de solo 197 policías, cuando lo ideal serían 300, según las recomendaciones internacionales. Lo anterior, traduce en un déficit de más de 8.200 uniformados en la capital colombiana. En comparación, en 2017 había 257 policías por cada 100.000 habitantes, lo que muestra una disminución de 60 efectivos por cada 100.000 personas en los últimos años.
El concejal también señaló que, a pesar de la promesa del presidente Gustavo Petro de trasladar 2.200 funcionarios a la ciudad, solo han llegado 1.616 desde 2023. Además, cerca de 293 policías permanecen en labores administrativas, lo que agrava la situación de seguridad en las calles.
La cifra actual de 15.865 policías es la más baja desde 2011, muy por debajo de los 18.520 efectivos reportados en 2017 y los 20.292 en 2014. Esta reducción en el número de policías coincide con un aumento en la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, quienes demandan una mayor presencia policial para contrarrestar la delincuencia.
Sastoque recalcó en la necesidad urgente de aumentar el pie de fuerza en Bogotá para enfrentar la creciente ola de criminalidad. Para el cabildante, la falta de efectivos no solo dificulta la prevención del delito, sino que también limita la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.