JEP interrogará al narco Daniel “El Loco” Barrera por relaciones con militares en “falsos positivos” en el Meta

En la mañana de este miércoles 6 de noviembre, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que el reconocido narcotraficante Daniel Barrera Barrera, alias el Loco, será interrogado por el tribunal, con el propósito de que dé su versión sobre la relación de grupos paramilitares con las fuerzas militares

El hoy condenado en Estados Unidos, que cumple una pena de 35 años de prisión, será interrogado por el caso de ejecuciones extrajudiciales, o conocidos como ‘falsos positivos’, que se dieron en el departamento del Meta, entre el 2002 y el 2006, respectivamente.

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“El testimonio del señor Barrera Barrera versa sobre información que puede resultar sensible (…) sobre el proceso de victimización padecido por la población civil en el departamento del Meta y la presunta participación de miembros destacados de la fuerza pública en la comisión de violaciones masivas a los derechos humanos”, señaló la JEP en un documento revelado por W Radio.

Adicionalmente, El Loco Barrera tendrá que responder sobre los señalamientos de varios generales en retiro que emitieron en audiencias privadas de la JEP.

Este hecho se suma a la citación de varios exgenerales del Ejército nacional, por su investigación en la expansión del paramilitarismo en el Meta, en el marco del caso relacionado con el exterminio de la Unión Patriótica (UP).

Entre los principales señalados se encuentra el general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, excomandante de la Brigada VII del Ejército, quien habría cometido omisiones graves que facilitaron las acciones violentas de grupos paramilitares, como las Convivir, y posteriormente las masacres cometidas en Mapiripán y Caño Jabón.

En una audiencia privada de la JEP, un testimonio clave detalló que un exalto oficial sirvió de enlace entre la Brigada VII y las Convivir de El Dorado para la detención y maltrato de personas civiles, con el contexto de recolección de información.

Los otros militares retirados que serán investigados por el tribunal son el general en retiro Francisco René Pedraza, excomandante de la Brigada VII, y el general en retiro Miguel Pérez Guarnizo, excomandante del Batallón Vargas, quienes serían responsables de las operaciones paramilitares en el departamento del Meta.

La JEP también ordenó investigar a otros oficiales retirados, como Mauricio Herrán Martínez, exjefe de inteligencia de la Brigada VII, y Blas Arvelio Ortiz, exgobernador del Vichada y excomandante del Batallón Vargas, por sus posibles vínculos con grupos paramilitares.

Asimismo, se solicitó investigar a varios excomandantes de la Policía del Meta entre 1997 y 1999, quienes podrían haber estado involucrados en el encubrimiento de las actividades de las Autodefensas en la región.

A través de la Resolución de Conclusiones No. 03, la JEP anunció la investigación a doce uniformados adscritos al batallón de artillería No. 2, conocido como La Popa, por su relación en 135 crímenes en 77 ocasiones diferentes, principalmente en los municipios del Cesar y La Guajira.

En el documento, el tribunal incluirá decisiones como el crimen internacional de tortura, motivo por el cual varios responsables deberán ser juzgados por este delito.

“Una imputación completa asegura que los comparecientes serán juzgados y sancionados por todas las conductas cometidas, evitando así que tales discusiones se reabran en el futuro. En otras palabras, garantiza la verdad más amplia y exhaustiva, fundamental para una adecuada reconstrucción del daño ocasionado a las víctimas, las comunidades y el Territorio”, explicó la Jurisdicción Especial para la Paz.

Igualmente, la JEP señalo que “algunas de las víctimas eran integrantes de los Pueblos Indígenas wiwa y kankuamo, así como de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Otras eran campesinas y otras en situación de vulnerabilidad o de discapacidad”.

Frente a este caso, se viene adelantando un juicio contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, acusado de cometer 72 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), ocurridos entre diciembre de 2001 y enero de 2003, cuando este se desempeñaba como comandante del Batallón de La Popa, de Valledupar, Cesar.