El magistrado de la Corte Suprema Francisco Farfán, encargado del caso, confirmó que existen pruebas suficientes para vincular a Iván Name y Andrés Calle en el escándalo de corrupción que involucra el desvío de recursos públicos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, estos fondos habrían sido utilizados para financiar las campañas políticas de los familiares de los implicados.
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La investigación del medio W Radio se revela que los cuatro mil millones de pesos fueron distribuidos entre los congresistas Iván Leonidas Name y Andrés David Calle Aguas con el fin de respaldar las aspiraciones políticas de varios familiares.
En particular, la suma fue destinada a apoyar la candidatura de María Clara Name Ramírez, hija de Iván Name, para el Concejo de Bogotá.
Además, se empleó una parte de esos recursos para impulsar los intentos políticos de Gabriel Enrique Calle Aguas, hermano de Andrés Calle, y de Gabriel Alberto Calle Demoya, su padre, quienes buscaban obtener cargos políticos en el departamento de Córdoba.
“Ambos, tanto el senador como el representante de la Cámara, sus familiares, estaban en campaña, el senador Iván Name con la doctora María Clara y candidata al Concejo de Bogotá y el doctor Andrés Calle con su señor padre, candidato a la alcaldía, hoy alcalde de Montelíbano y su hermano Gabriel candidato a la Gobernación por el Pacto Histórico y otros movimientos del departamento de Córdoba”, dijo Olmedo López en su declaración aante la Fiscalía.
Un evento clave en la investigación habría sido el supuesto desayuno realizado el 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama Suites, donde estuvieron presentes Iván Name, Olmedo López y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial. Durante este encuentro, se discutió el apoyo económico para la campaña de María Clara Name.
López afirmó que, en caso de que los recursos no fueran obtenidos, la culpa recaería en un mal direccionamiento de los fondos públicos por parte de la Ungrd. La relación cercana entre Name y Ortiz, que la Corte ha destacado en su investigación, agrega un nivel de complejidad al caso.
Por otro lado, el apoyo a la campaña de Gabriel Enrique Calle Aguas en Córdoba, aunque no exitoso, fue parte de los esfuerzos por impulsar su candidatura desde el gobierno. Esto también fue corroborado en el testimonio de Olmedo López, según la fuente citada.
La Corte ha subrayado la implicación de la Casa de Nariño, sugiriendo que el entramado de corrupción podría haber sido orquestado desde las altas esferas del gobierno.
Esto incluye la participación de Carlos Ramón González, quien era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia en ese momento.
La Corte ha recopilado testimonios de varios exfuncionarios y ha utilizado tecnologías de georreferenciación y videos de seguridad para corroborar las ubicaciones y actividades de los implicados.
Se espera que se abran investigaciones formales contra otros involucrados en este escándalo, mientras la Corte avanza en su investigación para esclarecer el desvío de fondos que estaban destinados a la atención de emergencias y desastres en Colombia.
Sin embargo, antes de que se aprobara la decisión de la Corte, hubo advertencias sobre la posible contaminación de las pruebas, ya que estas fueron trasladadas por la Fiscalía.
La magistrada Cristina Lombana expresó a El Tiempo su preocupación sobre el uso de estas evidencias, señalando que forman parte de una matriz de colaboración con la que López y Pinilla buscan obtener un principio de oportunidad.
Según la Ley 906, artículo 8, un investigado tiene derecho a que no se utilice en su contra el contenido de las conversaciones para lograr un acuerdo si este no se perfecciona.
Lombana advirtió que usar la evidencia sin un preacuerdo aprobado podría contaminar la prueba, y que no se puede aplicar retroactividad a la validez de las evidencias si el beneficio se aprueba posteriormente.
Las defensas de Name y Calle han tomado nota de estas advertencias, lo que podría influir en el desarrollo del caso. Este escándalo se suma a otros problemas legales que han afectado a figuras políticas en Colombia, reflejando una creciente preocupación por la corrupción en el país.