La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca establecer requisitos estrictos para el nombramiento de ministros y directores de departamentos administrativos del del gobierno central.
Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo primordial garantizar los principios fundamentales de probidad, idoneidad y profesionalización dentro de la administración pública colombiana.
Con ello, se aspira a fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana en los altos cargos del Estado.
Una vez superado el primer debate en la Comisión Primera, el proyecto de acto legislativo que establece requisitos para el nombramiento de ministros y directores de departamentos administrativos continuará su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes.
En esta instancia, se llevará a cabo un segundo debate donde los congresistas tendrán la oportunidad de analizar a profundidad la iniciativa.
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En un comunicado publicado en su cuenta de X este martes, la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, celebró la aprobación de la iniciativa que establece requisitos para ser nombrado como ministro o director de departamentos administrativos adscritos a la Presidencia de la República.
En la actualidad, para acceder a un cargo ministerial o dirigir un departamento administrativo en Colombia, los únicos requisitos exigidos son tener 25 años de edad y ser ciudadano en ejercicio. Sin embargo, abundante jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado ha determinado que el legislador puede limitar la discrecionalidad del nominador, en este caso el Presidente de la República, cuando se trata de proteger bienes jurídicos superiores como la probidad, idoneidad y profesionalización de la administración pública.
Por lo anterior, esta iniciativa presentada en coautoría con la representante verde Olga Lucía Velásquez, propone que sea requisito para ocupar el cargo de ministro o director de departamento administrativo: tener 30 años al momento de su designación, contar con idoneidad técnica para el ejercicio del cargo, título universitario de posgrado en áreas afines al sector administrativo, y tener mínimo 10 años de experiencia profesional relacionada.
Asimismo, establece que no podrá ser nombrado/a quien durante el año anterior haya ejercido el rol de Fiscal General, Contralor General, Procurador General, Defensor del Pueblo, Registrador Nacional, Auditor General, magistrado del Consejo Nacional Electoral o congresista de la República. Esto con el fin de evitar conflictos de interés y garantizar la probidad e imparcialidad en el ejercicio de estas altas responsabilidades públicas.
En ese sentido, una de las coautoras del proyecto, la representante Catherine Juvinao comentó al respecto que “No es coherente que la carrera administrativa le imponga a los ciudadanos de a pie sendos requisitos de formación y experiencia para trabajar en el sector público, mientras que a los ministros, que son los 19 cargos de más alto nivel decisorio en el Estado, no se les exijan mínimos requisitos aún cuando manejan presupuestos billonarios y formulan, ejecutan, evalúan y ajustan las políticas públicas de las que dependen 50 millones de ciudadanos y su bienestar”.
Y agregó que: “Este proyecto le abre la posibilidad a decenas de miles de colombianos que, aún habiendo hecho los más grandes esfuerzos de educarse y prepararse, nunca pueden aspirar a las más altas dignidades porque simplemente no hacen parte de la rosca de turno. Nada le impide al presidente nominar a funcionarios de su confianza, pero al tiempo estos tendrán que cumplir con mínimas competencias técnicas y de solvencia ética para el cargo tal y como funciona en la mayoría de países de la región”.
El presente proyecto de acto legislativo que establece mayores requisitos para el nombramiento de ministros y directores de departamentos administrativos ha sido puesto a consideración del Congreso de la República en más de una oportunidad. Esto se debe a que se ha planteado la necesidad de elevar las exigencias para acceder a estos cargos de alta responsabilidad pública, más allá de los mínimos requisitos contemplados actualmente en el artículo 207 de la Constitución Política, que solo exige tener 25 años y ser ciudadano en ejercicio, de acuerdo con el documento de la iniciativa.