Esta es la estación de Transmilenio que se había convertido en el centro de la venta de droga en un sector de Bogotá

Poco más de una semana ha pasado desde que Transmilenio tomó la decisión de desalojar a los vendedores informales que se ubicaban en el túnel de la estación Ricaurte, en el centro de Bogotá.

Bajo la bandera de “recuperar el espacio público”, obligaron a los trabajadores informales a dejar la estación y, en su lugar, instalaron cintas para delimitar dos carriles que son custodiados por trabajadores de la empresa de transporte masivo.

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La medida generó opiniones divididas entre los ciudadanos y al menos dos días de protesta en los que se vieron afectadas varias de las estaciones ubicadas sobre la troncal de la NQS o calle 30.

Sin embargo, desde Transmilenio, la directora de seguridad del sistema, Nathalia Tinjacá, celebró en conversaciones con el matutino de Arriba Bogotá que se hubiera “aplicado el protocolo de emergencia para controlar el exceso de cargas sobredimensionadas al sistema”, ya que “estaría lográndose una mejor movilidad y accesibilidad para los más de 2.500 usuarios por hora que moviliza esta estación, la segunda con más afluencia de Bogotá”.

Y es que, además, los compartimentos del túnel estaban siendo utilizados para el escondite y distribución de estupefacientes, con los vendedores del lugar como barrera, según conoció el medio citado.

Es probable que nada tuvieran que ver con la venta de drogas, pero su presencia en túnel entorpecía los operativos de búsqueda y control en la estación de mayor superficie en la ciudad.

El pasado martes 29 de octubre (2024), Bogotá vivió una intensa jornada de manifestaciones que afectó la operación de Transmilenio, especialmente en las troncales NQS y Américas/Calle 13. Según Transmilenio, las protestas, que comenzaron desde el mediodía y se prolongaron hasta la noche, afectaron a unas 99.700 personas hasta las 7:00 p. m. Los usuarios se vieron obligados a buscar alternativas para regresar a sus hogares, lo que generó un gasto adicional de tiempo y recursos.

En redes sociales, la situación despertó opiniones encontradas. Algunos usuarios expresaron su molestia ante los problemas de movilidad y la persistente presencia de vendedores informales en el sistema, mientras que otros defendieron a estos comerciantes, recordando que muchos dependen de sus ventas en el transporte público como único sustento económico. Los desalojos realizados en la estación Ricaurte por orden de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán recibieron tanto críticas como apoyo.

Su desalojo fue justificado en dos aspectos clave. En primer lugar, responden al cumplimiento del artículo 181 del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, que establece la intervención de entidades distritales para manejar las ventas informales en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). En segundo lugar, se identificó un riesgo de seguridad tras el Simulacro Distrital de Emergencias realizado el 16 de octubre de 2024 en la estación Ricaurte, que evidenció cómo los espacios ocupados por vendedores podrían dificultar la evacuación de los 75.000 usuarios diarios de esta estación en caso de emergencia.

Usuarios en redes catalogaron a Ricaurte como la estación más caótica, calificándola como un “mercado persa” debido a la alta densidad de comerciantes informales en su largo corredor entre las troncales NQS y Calle 13. La variedad de artículos que se venden allí, desde comida hasta accesorios para celulares y ropa, ha hecho que algunos lo comparen con el “camino de la serpiente” de la famosa serie de manga Dragon Ball.

Otras estaciones mencionadas por los usuarios como altamente congestionadas por la presencia de vendedores son Calle 100, Alcalá, Calle 76, Avenida Jiménez, Banderas y Héroes. Los comentarios en la red social X reflejaron preocupación por cómo estas ventas no solo ocupan espacios de circulación, sino que algunos comerciantes también usan el área para almacenar mercancías, reduciendo aún más el espacio disponible para los pasajeros.

Desde Transmilenio, se indicó que el trabajo en conjunto con el Instituto para la Economía Social (IPES) continuará, con el fin de ofrecer alternativas a los vendedores informales. Además, recordó a los comerciantes que el artículo 146 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana sanciona con una multa tipo 1 (equivalente a $2.600.000) a quienes obstaculicen el flujo de usuarios en el sistema, en cumplimiento de las normas de convivencia.