La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó formalmente 26.807 hectáreas de tierra al Consejo Comunitario Río San Francisco en el municipio de Guapi, Cauca. Esta restitución es un paso crucial en la reparación de los derechos étnicos-territoriales de las comunidades afrocolombianas afectadas por el desplazamiento y otras formas de violencia en la región.
La ceremonia se llevó a cabo entre cantos tradicionales y rituales de armonización, simbolizando una reconciliación con la tierra y reafirmando el vínculo de estas familias con su territorio ancestral.
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“Esta sentencia es el resultado del compromiso del Gobierno con las comunidades más vulnerables del país. Es la materialización de los esfuerzos adelantados para constituir cinco juzgados de restitución de tierras con enfoque étnico y dar celeridad a un proceso que estaba estancado en administraciones anteriores. Nuestra misión está en los territorios y así lo estamos demostrando”, afirmó el mayor Giovani Yule, director general de la URT, que encabezó el evento junto a los representantes de 314 familias beneficiadas.
Un fallo con impacto en la comunidad y el territorio
El fallo; emitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán, uno de los cinco despachos creados en alianza con el Consejo Superior de la Judicatura, para impulsar el restablecimiento de derechos étnicoterritoriales; no solo devuelve la propiedad sobre las hectáreas a las comunidades afrodescendientes, sino que también dicta 40 órdenes a 30 entidades del Estado.
Estas instrucciones tienen el propósito de garantizar la reparación integral de los derechos de la comunidad, reconocer su estatus de víctimas y proteger el territorio frente a amenazas futuras. Entre las órdenes más relevantes están:
- La realización de un plan de trabajo para evaluar las condiciones de salud actuales de la población.
- Establecer acuerdos de ocupación productiva sostenible.
- Analizar los impactos de la aspersión de glifosato en la zona.
- Establecer medidas de protección para el Consejo Comunitario Río San Francisco y sus líderes, quienes han sido objeto de amenazas.
Además, la sentencia establece que se remitan copias a la Fiscalía General de la Nación para iniciar investigaciones que busquen judicializar a los responsables de los actos de violencia y desplazamiento que han afectado a la comunidad a lo largo de los años.
Responsabilidad interinstitucional en la reparación
Para garantizar el cumplimiento de estas órdenes, el fallo requiere la colaboración de numerosas entidades gubernamentales, entre ellas los ministerios de Agricultura, Ambiente, Hacienda, Interior, Vivienda, Salud, Igualdad y Cultura, así como del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad para las Víctimas, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Guapi y la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
Durante la ceremonia, el director de la URT destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para materializar la restitución de tierras en territorios étnicos. “Con esta entrega simbólica, cumplimos la orden de notificar a las entidades sobre sus responsabilidades en el proceso de restablecimiento de los derechos étnico-territoriales”, explicó Yule, subrayando que esta restitución se encuentra enmarcada en el Decreto Ley 4635 de 2011. Este decreto establece medidas de atención, asistencia y reparación para víctimas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
El llamado a la acción de los líderes comunitarios
Por su parte, el representante legal del Consejo Comunitario Río San Francisco, José Anilo Caicedo Solís, reafirmó la importancia de que las entidades involucradas trabajen en conjunto con la comunidad para dar cumplimiento a las órdenes del fallo. “El trabajo adelantado se realizó de manera concertada con la URT y reafirma los derechos que nuestra comunidad tiene sobre el territorio”, afirmó Caicedo, haciendo también un llamado a la celeridad y efectividad en la implementación de las medidas.
Además, resaltó la urgencia de que las medidas de reparación se impulsen con prontitud, señalando que el Consejo Comunitario ha esperado mucho tiempo para ver reconocidos sus derechos. “Es indispensable impulsar las medidas de reparación inmediata. Hemos esperado mucho el reconocimiento de nuestros derechos, para así contrarrestar el desplazamiento y el confinamiento al que hemos sido sometidos por las bondades geográficas y productivas de nuestro territorio”, concluyó.
La restitución de tierras con enfoque étnico representa una estrategia clave para salvaguardar los derechos de las comunidades afrodescendientes que han sido despojadas de sus territorios. La sentencia emitida por los juzgados especializados busca reparar los daños causados y fortalecer el desarrollo sostenible en las áreas rurales del país, donde la diversidad cultural y natural enfrenta constantes amenazas debido a conflictos territoriales y la explotación indiscriminada de recursos.