Durante la noche del martes 5 de noviembre se reportó otro grave hecho de violencia en el suroccidente del país, luego de que se confirmara el asesinato del líder social y personero del municipio de Cumbitara, en el nororiente del departamento de Nariño, que en la tarde había sido raptado cuando sostenía un encuentro con una comunidad de la zona rural de la mencionada población.
“El personero se encontraba en una reunión con la comunidad además de funcionarios de la ESE municipal y el enlace de víctimas en la vereda las Piedras en zona rural de Cumbitara. Desconocidos ingresaron a este lugar y se lo llevaron por la fuerza para subirlo a una camioneta con rumbo desconocido, horas más tarde su cuerpo fue hallado sin vida en el sector conocido como el Puente Rojo (sic)”, informaron en el Institutos de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Tras conocerse el crimen, desde la oficina de la Representante del Alto Comisionado para los Derechos de la ONU condenaron lo ocurrido y reiteraron su llamado al Gobierno Nacional para proteger la vida de los funcionarios en todo el territorio nacional.
“Condenamos homicidio del personero de #Cumbitara Jimmy Rosero, quien fue privado de la libertad hoy por parte de un grupo armado no estatal y posteriormente fue asesinado. Reiteramos a estos grupos su obligación de respetar los #DDHH y el #DIH @petrogustavo @ComisionadoPaz (sic)”, publicaron en su cuenta oficial de la red social X.
Desde el organismo multilateral recordaron que esa zona del departamento padece por cuenta una oleada de violencia por parte de los grupos armados organizados.
“Urgimos al Estado a proteger a la población civil en la cordillera nariñense y a tomar medidas eficaces de prevención para evitar que los grupos armados no estatales ataquen a la población y expanden su violencia en los territorios (sic)”, trinaron.
Finalmente le solicitaron a las autoridades celeridad en las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de acabar con la vida de Rosero.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, también condenó el crimen y señaló que desde la entidad que lidera “verificando las circunstancias específicas del hecho”.
“Repudio absoluto de este homicidio, así como de todos aquellas agresiones e intimidaciones que atenten contra la vida, la integridad y la labor de los personeros y personeras @FenalperCo. Presento nuestras condolencias a la familia, a sus seres cercanos y a la comunidad del municipio (sic)”, expresó a través de su cuenta oficial de X.
Marín instó a la Fiscalía General de la Nación para que avanzara en las indagaciones sobre este crimen que impiden que puedan llevar su labor los organismos que velan por la protección de los Derechos Humanos en Colombia.
En la Defensoría del Pueblo emitieron un comunicado en el que recordaron que para esa zona de Nariño se habían emito las alertas tempranas “No. 027-23 del 6 de julio de 2023 y No. 008-24 del 26 de 2024 en las que se advertía sobre los riesgos de amenazas y presiones contra funcionarias y funcionarios públicos en la región”.
“Llamamos al Ministerio del Interior para que se redoblen esfuerzos para atender las recomendaciones de las alertas pues su implementación se orienta a evitar que lamentables hechos como el de hoy, se presenten”, señalaron en la misiva.
Precisamente, desde la Federación Colombiana de Personerías de Colombia (Fenalper) recordaron que estuvieron insistiendo ante esa cartera para que tomaran medidas por el riesgo en el que se encuentran los representantes de esas entidades en las regiones.
“A pesar de haber solicitado reuniones con el Ministro del Interior y otras instancias gubernamentales para abordar esta situación, no hemos recibido respuesta ni apoyo efectivo. Es imperativo que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes para garantizar la seguridad e integridad de los personeros y demás defensores de derechos humanos en el país. La falta de acción y el desinterés institucional no solo ponen en riesgo la vida de estos funcionarios, sino que también socavan la confianza en las instituciones encargadas de proteger los derechos fundamentales de todos los colombianos”, reprocharon en un comunicado.
En la Procuraduría General de la Nación también expresaron su rechazo contra el homicidio del personero y enviaron condolencias a sus allegados, así como exhortaron “a las autoridades a que avancen rápidamente en la investigación para que se haga justicia”.
“Extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad en este difícil momento. Censuramos de manera categórica este acto y cualquier forma de violencia que ponga en riesgo a quienes ejercen su labor en defensa de los derechos ciudadanos (sic)”, publicaron en X.