La publicación de las declaraciones de renta de altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro generó un nuevo capítulo en la discusión pública sobre la transparencia y el acceso a la información oficial en Colombia. La divulgación, realizada en la página de la Función Pública tras dos semanas de polémica y presiones políticas, responde a una demanda ciudadana encabezada por miembros de la oposición y de algunos sectores del Gobierno, quienes criticaron la demora en hacer pública esta información de los servidores públicos.
La controversia comenzó con la denuncia de Daniel Briceño, concejal del partido Centro Democrático, que, en mayo de 2024, presentó una acción de cumplimiento solicitando que el Gobierno de Petro publicara las declaraciones de renta de los funcionarios. El abogado, a través de la red social X, aseguró que el Gobierno estaba obstaculizando la transparencia al no divulgar esta información, y exigió su publicación.
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En sus palabras, desde mayo de este año inició su demanda, la cual desencadenó un conflicto público en torno a la transparencia de los altos funcionarios.
Ante las presiones, se conoció la publicación de las declaraciones de renta que permitió a la ciudadanía conocer el estado patrimonial de funcionarios de alto perfil, como la del presidente Gustavo Petro Urrego y a su vicepresidenta, Francia Márquez.
La declaración del presidente, disponible desde el 1 de noviembre y correspondiente a 2023, detalla un patrimonio bruto de 1.573 millones de pesos, de los cuales 280 millones son deudas, dejando un patrimonio líquido de 1.292 millones.
Sus ingresos brutos sumaron 718 millones de pesos, con deducciones y rentas exentas que redujeron la base imponible a 701 millones. El impuesto sobre la renta asciende a 214 millones y las ganancias ocasionales a 72 millones, sin saldo pendiente de pago, y la declaración fue firmada el 9 de octubre de 2024.
Junto a la declaración del presidente Petro, también fueron divulgadas las de otros altos funcionarios. La vicepresidenta Francia Márquez, por ejemplo, publicó su declaración el 21 de agosto, mostrando un patrimonio bruto de 395 millones de pesos y un patrimonio líquido de 76 millones, debido a deudas que alcanzan los 318.964.000 de pesos.
Las declaraciones de renta de Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS); Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio; Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo Presidencia de la República (Dapre); y Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO; también fueron publicadas.
Bolívar, cuya declaración corresponde a 2022, reportó un patrimonio bruto de 9.955 millones de pesos y un patrimonio líquido de 8.407 millones, mientras que Rusinque registró un patrimonio líquido de 384 millones. Sarabia, por su parte, reportó un patrimonio líquido de cero pesos, al tener deudas superiores a su patrimonio bruto.
La publicación de estas declaraciones tiene un efecto doble: por un lado, reafirma el compromiso del gobierno con la transparencia; por el otro, reaviva la discusión sobre la necesidad de normativas claras que aseguren que este tipo de información esté disponible para la ciudadanía sin excepciones.
La Superintendencia de Industria y Comercio y la Función Pública fueron las entidades encargadas de materializar estos esfuerzos, pero la controversia inicial revela tensiones políticas en torno a la transparencia y al cumplimiento de la ley.
Colombia restablece acceso a información de bienes y conflictos de interés de altos funcionarios
Desde el 5 de noviembre de 2024, los ciudadanos pueden acceder nuevamente a las declaraciones de bienes, rentas y posibles conflictos de interés de altos servidores públicos y contratistas mediante el Aplicativo por la Integridad Pública. Esta medida fue anunciada por la Función Pública tras implementar mejoras de seguridad y protección de datos exigidas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La consulta pública de estos datos había sido restringida desde inicios de 2023 debido a fallas en la seguridad de la plataforma. Luego de que el gobierno cumpliera con los requisitos de privacidad, la SIC emitió la Resolución 56588, que permite reactivar el servicio.
Este acceso busca fortalecer la transparencia y el control ciudadano sobre el manejo de recursos públicos. La Función Pública destacó que la herramienta es clave para la lucha contra la corrupción, ya que permite conocer el patrimonio y los posibles conflictos de interés de funcionarios en altos cargos, impulsando así una gestión más íntegra y responsable.
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