Reforma pensional de Petro dará este beneficio a partir de 2025 a quienes ya no puedan trabajar por sufrir una invalidez

A partir del 2025, la pensión por invalidez en Colombia tendrá modificaciones impulsadas por la a Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional, que se basa en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario).

Dicha norma, presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, implica cambios en el reconocimiento de las mesadas por jubilación para quienes no puedan trabajar debido a una afectación física. Según la misma, el nuevo sistema mantendrá el reconocimiento de la pensión por invalidez, un derecho esencial para los trabajadores que, por causas de fuerza mayor, no lograrán continuar aportando al sistema.

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Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es que reconocerá la pensión de invalidez a aquellos afiliados al sistema que sean declarados inválidos según lo dispuesto en el artículo 41. Según señala la norma, “desde el año entrante, tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo 41 sea declarado inválido”. Este cambio responde a la necesidad de establecer criterios claros y justos para quienes no puedan volver a trabajar debido a una enfermedad o accidente de origen común.

En cuanto a los requisitos para acceder a la pensión, se destaca que los trabajadores deben haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad o accidente. Esta medida busca garantizar que el sistema apoye a quienes contribuyeron antes de verse imposibilitados para trabajar.

Además, para los menores de 20 años de edad se exige haber cotizado al menos 26 semanas durante el año anterior al evento que provocó su invalidez.

Otra disposición relevante es para aquellos que se acercan a la jubilación: “Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se contratará que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres años”. Esto supone una flexibilización en las exigencias para quienes hayan estado cerca de completar el tiempo requerido para la pensión de vejez.

Con relación al monto de la pensión, se establece que será del 45% del ingreso base de liquidación, más un aumento del 1,5% por cada 50 semanas adicionales cotizadas después de las primeras 500 semanas. Este ajuste refleja una compensación acorde al tiempo de cotización acumulado por el trabajador.

El enfoque de la reforma busca ofrecer seguridad económica a aquellos que enfrentan situaciones de invalidez. El objetivo es proteger a los más vulnerables, con lo que se asegura que las condiciones sean justas y equitativas para todos los trabajadores.

A partir 2025, con la reforma pensional, uno de los aspectos más destacados es que Colpensiones se convertirá en el fondo principal encargado de hacer los pagos a los jubilados, con lo que recibirá una parte de los aportes de los trabajadores, mientras que los fondos privados actuarán como complemento del sistema de ahorro.

El nuevo esquema establece que los aportes de los trabajadores se dividirán entre Colpensiones y los fondos privados, dependiendo del salario percibido. Para aquellos que ganen más de 2,3 salarios mínimos, el excedente se destinará a un fondo privado. Este cambio busca optimizar el manejo de los ahorros y los rendimientos generados, lo que influirá en el cálculo de la pensión, que seguirá sumando en el monto ahorrado y las semanas cotizadas.

Además, se mantendrán los fondos voluntarios de pensiones, que permitirán a los cotizantes incrementar su mesada de jubilación. Los trabajadores podrán destinar más del 16% del salario a su fondo de cuenta individual, si así lo desean, lo que podría aumentar el pago de su pensión en el futuro. Esta opción busca incentivar el ahorro voluntario y mejorar las condiciones de retiro.

También, el sistema introduce un pilar semicontributivo, donde el Estado otorgará bonificaciones por medio de programas como el de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) para aquellos con hasta 299 semanas cotizadas. Este mecanismo se complementará con el reconocimiento de la variación de la inflación, más tres puntos, para asegurar que los ahorros por debajo del salario mínimo puedan ofrecer un mejor pago de pensión.