Como Jorge Navarrete Espinoza fue identificado un periodista ecuatoriano que trabaja para el medio digital La Posta, y que se vio obligado a abandonar su país luego de recibir amenazas de muerte que apuntarían al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado ilegal colombiano
Esta guerrila se encuentran en disputas territoriales con el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc (sobre todo en el sur de Colombia) por el control de zonas claves para la producción de hoja de coca, y a su vez el envío de millonarios cargamentos de cocaína a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
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De hecho, las amenazas surgieron después de que Navarrete publicara un reportaje sobre el cultivo ilegal de coca en áreas cercanas a la frontera con Colombia.
El reportaje, que Navarrete publicó bajo una identidad falsa para proteger su seguridad, reveló detalles sobre la expansión de los cultivos de coca en territorio ecuatoriano, destacó La FM.
Tras la publicación, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, compartió una estimación del Gobierno de Estados Unidos que indicaba la existencia de más de 2.000 hectáreas de estos cultivos en Ecuador, lo que intensificó las amenazas de grupos criminales.
La madrugada del sábado 3 de noviembre de 2024, Navarrete recibió un mensaje a través de un intermediario, en el que el ELN le exigía presentarse ante ellos o enfrentar represalias contra sus allegados. El mensaje incluía detalles personales, como su domicilio y el de sus padres, así como fotografías de su vehículo, lo que incrementó la gravedad de la situación y, por ende, obligó al comunicador a tomar acciones de inmediato para no poner en riesgo su vida ni la de sus familiares.
Jorge Navarrete ya ha enfrentado amenazas por su trabajo
Esta no es la primera vez que Navarrete enfrenta amenazas relacionadas con su trabajo investigativo. Sin embargo, la intensidad y el nivel de exposición personal de esta amenaza la convierten en la más alarmante hasta la fecha. Esta sería la tercera amenaza que recibe en el contexto de su investigación sobre el narcotráfico en la región.
El caso de Navarrete pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los periodistas en América Latina al investigar temas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. La situación en Ecuador refleja una creciente preocupación por la seguridad de los comunicadores que abordan estos temas sensibles, y de paso la ola de criminalidad que se ha posado sobre este país.
Ecuador, de acuerdo con lo que han indicado varios medios de ese país en su momento, enfrenta un desafío en materia de seguridad que tiene a las máximas autoridades de ese país con la alertas encendidas, dado que el 2024 apunta a ser, como indicó el portal La Hora, el segundo más violento en su historia, luego de las 7.592 muertes que dejó el 2023, y que lo dejó hasta ahora como el periodo con más víctimas.
El caso evocó lo que ocurrió con el equipo periodístico de El Comercio
El 13 de abril de 2018, el mundo se estremeció al conocer la brutalidad ejercida por las disidencias de las FARC contra la libertad de prensa.
El equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, compuesto por Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, fue secuestrado y posteriormente asesinado en la frontera con Colombia. A pesar de que han pasado más de seis años desde el trágico suceso, las investigaciones no han avanzado de forma significativa, dejando muchas preguntas sin respuesta.
La falta de progreso en la investigación ha sido motivo de frustración para los familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa. Periodistas Sin Cadenas y Fundamedios han señalado que las interrogantes sobre las razones detrás del asesinato, los eventos ocurridos durante el secuestro y el fracaso en la liberación de los periodistas siguen sin resolverse.
La periodista Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo asesinado Paúl Rivas, ha expresado su descontento con la situación, afirmando que el caso ha caído en la impunidad.
Aguagallo ha criticado la falta de acción por parte de los gobiernos de Ecuador y Colombia, quienes, según ella, han mantenido una política de silencio y ocultamiento de información. A pesar de que la investigación se abrió el 26 de marzo de 2018, aún se encuentra en una etapa preliminar, sin haber llegado a juicio. Esta situación ha llevado a que solo los colegas de las víctimas, otros periodistas, intenten mantener viva la búsqueda de la verdad.
El caso, conocido como Nos Faltan 3, se ha convertido en uno de los ataques más graves contra la prensa en la región. La falta de respuestas y la impunidad han generado un clima de inseguridad para los periodistas que trabajan en zonas de conflicto, donde la libertad de prensa se ve constantemente amenazada.