En un intercambio de declaraciones que ha capturado la atención pública, la senadora María Fernanda Cabal respondió al presidente de Colombia a través de su cuenta en X, criticando sus comentarios sobre la toma del Palacio de Justicia en 1985.
Cabal acusó al grupo guerrillero M-19, del cual el presidente fue miembro, de haber ejecutado la toma con el apoyo del narcotraficante Pablo Escobar, basando su acusación en las declaraciones de alias Popeye.
La senadora afirmó que uno de los objetivos de la izquierda ha sido ocultar estos crímenes, algo que, según ella, no permitirá.
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“Ustedes los M-19 con apoyo de Pablo Escobar como lo dijo alias Popeye, ejecutaron la toma terrorista del Palacio de Justicia masacrando a los magistrados, auxiliares y demás personal. Uno de los objetivos de la izquierda ha sido ocultar los crímenes cosa que no permitiremos”, declaró la senadora en su cuenta de X.
El presidente, por su parte, había compartido una entrevista de Helena Urán con el agente de inteligencia Dorado, calificándola de histórica y sugiriendo que la versión oficial sobre el asalto al Palacio de Justicia es falsa.
Según el mandatario, la versión oficial fue creada para encubrir que miembros de las fuerzas armadas, acusados de tortura durante el gobierno de Turbay, querían destruir pruebas en su contra, sin importarles la vida de los magistrados que investigaban estos casos.
“Muestra que la verdad oficial sobre el Palacio de Justicia es mentira. Mentira que se hizo para ocultar que premeditadamente personas de uniforme subjudices por delitos de tortura, que en masa se hicieron en el gobierno de Turbay, querían quemar las pruebas contra ellos y no les importó la vida de lo magistrados a quienes dispararon y que eran quienes adelantaban las investigaciones contra ellos” se lee en la publicación del mandatario.
El presidente también argumentó que el M-19 intentó reabrir el proceso de paz firmado en 1984, que había sido violado sistemáticamente, mediante un juicio armado al presidente de entonces, lo que resultó en la muerte de guerrilleros y magistrados.
En su declaración, el presidente señaló que Colombia estaba al inicio de una época de toma mafiosa del Estado, una situación que, según él, no debe repetirse. Afirmó que el estado y su fuerza pública deben pertenecer exclusivamente a la ciudadanía, destacando que este es el principio de la democracia y la paz.
“Es la recomprobación de la tesis que he defendido en los diversos debates en el Congreso. El M-19 torpemente quiso reabrir el proceso de paz firmado en 1984, y violado sistemáticamente desde su firma, con un juicio armado al presidente que traicionó el proceso, y cayó en la trampa tendida que llevó a la muerte a guerrilleros y magistrados. Estábamos en el comienzo de la época de la toma mafiosa del estado”, señaló Petro en su publicación.
Las declaraciones de ambos políticos reflejan las tensiones persistentes en torno a la interpretación de los eventos históricos en Colombia, especialmente aquellos relacionados con el conflicto armado y el narcotráfico. La toma del Palacio de Justicia sigue siendo un tema sensible en el país, con múltiples narrativas y responsabilidades en disputa, en especial por las duras heridas que dejo en los familiares de las víctimas y porque, pese a las palabras del presidente, no se puede negar que los ejecutores de este oscuro hecho sí fueron los miembros de la extinta guerrilla del M-19.
Los hechos del Palacio
El Palacio de Justicia en Colombia es recordado por uno de los eventos más trágicos de su historia reciente: la Toma del Palacio de Justicia. Este suceso, que tuvo lugar el 6 y 7 de noviembre de 1985, dejó una marca indeleble en el país. Durante esos días, el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) asaltó el edificio en Bogotá, tomando como rehenes a cerca de 350 personas, entre ellas magistrados, consejeros de Estado y empleados.
La operación, denominada “Antonio Nariño por los derechos del hombre”, tenía como objetivo realizar un juicio público al gobierno colombiano, acusándolo de incumplir un cese al fuego con las organizaciones guerrilleras. Sin embargo, lo que comenzó como una acción política se tornó en un enfrentamiento violento. El Ejército Nacional intervino para retomar el control del edificio, lo que resultó en un saldo trágico de aproximadamente 101 muertos, incluidos 11 magistrados, y varios desaparecidos.
Este episodio es considerado uno de los más oscuros en la historia reciente de Colombia, con un impacto duradero en el sistema judicial y en la sociedad en general. La toma y posterior retoma del Palacio de Justicia no solo dejó una profunda herida en el país, sino que también generó un debate sobre el uso de la fuerza y las responsabilidades del Estado en situaciones de crisis.
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