Cundinamarca podría perder $326.000 millones por 143 ‘elefantes blancos’, advirtió la representante Alexandra Vásquez

Cundinamarca enfrenta un riesgo significativo de pérdida patrimonial debido a la existencia de 143 obras inconclusas, según un informe reciente de la Contraloría General de la República.

Estas obras, que representan un valor total de 326.603.482 millones de pesos, han generado preocupación en el departamento, especialmente porque algunas de ellas llevan más de una década sin concluirse.

La congresista Alexandra Vásquez ha destacado la gravedad de la situación, subrayando que solo se han iniciado 13 procesos de responsabilidad fiscal por los daños patrimoniales causados.

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Entre los proyectos más destacados se encuentra la construcción del acueducto en la comuna 4 de Soacha, que, a pesar de estar terminado, no está operativo. Este proyecto tuvo un presupuesto de aproximadamente 45.647.255 millones de pesos.

Otro caso es la sede de los despachos judiciales de Zipaquirá, cuya obra también está finalizada pero no en funcionamiento, tras haber sufrido siete suspensiones y un costo de 17.804.560 millones de pesos.

La congresista Vásquez ha señalado que los proyectos de acueducto y alcantarillado son los que presentan mayores retrasos, con 24 de las 143 obras registradas en esta categoría. Las causas de estos retrasos incluyen la falta de redes para conectar los acueductos, incumplimientos por parte de los contratistas y problemas en los diseños de las obras.

Además, hay 32 proyectos de vivienda inconclusos, con un presupuesto total de 62.824.040 millones de pesos, donde el Banco Agrario de Colombia es el principal contratante. La falta de conexión a servicios públicos y el incumplimiento de los contratistas son las principales razones de estos retrasos.

Los hospitales y centros de salud también están en el foco de preocupación, con 13 contratos para proyectos de este tipo que permanecen inconclusos, sumando un presupuesto de 147.077.019 millones de pesos. Vásquez ha manifestado su intención de iniciar un proceso de veeduría junto con la ciudadanía para solicitar investigaciones fiscales a la Contraloría General de la República, con el fin de sancionar a los responsables de estos incumplimientos.

La congresista Alexandra Vásquez del Pacto Histórico votó en contra de la Reforma Pensional durante su cuarto debate en la Cámara de Representantes el 14 de junio de 2024.

Este voto, que sorprendió a muchos, se produjo a pesar de que Vásquez era una de las ponentes clave de la reforma, lo que generó un intenso debate sobre el futuro de esta importante iniciativa para el sistema pensional del país.

Vásquez justificó su decisión argumentando que la falta de deliberación y consenso en la Cámara fue determinante para su voto negativo. La sesión plenaria estuvo caracterizada por un ambiente de alta tensión política, con numerosos impedimentos y recusaciones que obstaculizaron el avance del debate.

En total, se presentaron 150 impedimentos, 100 recusaciones y 800 proposiciones a 94 artículos, lo que provocó constantes rupturas del quórum y críticas sobre posibles violaciones de procedimiento.

La reforma pensional busca mejorar el respaldo financiero para los adultos mayores que carecen de ingresos mensuales por jubilación. Sin embargo, esta propuesta ha enfrentado resistencia no solo de la oposición y congresistas independientes, sino también dentro de la bancada oficialista. A pesar de las controversias, la reforma fue aprobada, lo que ha generado un debate continuo sobre su implementación y efectividad.

El proceso legislativo ha sido objeto de críticas y amenazas de demandas ante la Corte Constitucional, debido a las supuestas irregularidades en el procedimiento. Este contexto ha resaltado la importancia de un proceso legislativo detallado y consensuado, como lo destacó Vásquez en sus declaraciones.

El caso de Vásquez pone de manifiesto las complejidades y desafíos del proceso legislativo en Colombia, especialmente en temas tan sensibles como la reforma del sistema pensional, que afecta a una amplia franja de la población. La situación actual refleja la necesidad de un diálogo más inclusivo y transparente en el Congreso para lograr reformas efectivas y sostenibles.