Director del Ministerio de Trabajo será el nuevo superintendente de Subsidio Familiar: este es el reemplazo de Luis Guillermo Pérez

Angie Katherine Monroy ha sido la persona encargada de la Superintendencia de Subsidio Familiar desde noviembre de 2023, fecha en la que la Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por doce años a Luis Guillermo Pérez.

Sin embargo, ya se conoció el reemplazo del exsuperintendente Pérez. Se trata del abogado Juan Nicolás Escandón Henao, quien era el director de Derechos Fundamentales en el Ministerio del Trabajo. La hoja de vida de Escandón Henao ya fue publicada de forma oficial.

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Según su perfil, Juan Nicolás Escandón es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, cuenta con un Magíster en Derechos Humanos y Democratización de la universidad Externado de Colombia, junto con el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid (España). También es Especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario.

El nuevo superintendente cuenta con experiencia en organismos internaciones de protección de derechos humanos, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Sistema Interamericano y la ONU. También ha sido consultor en materia del derecho al trabajo y administrativo sancionatorio.

Juan Nicolás Escandón ha sido docente universitario, panelista y ha realizado publicaciones en diferentes revistas nacionales. Fue asesor del Consejo Nacional Electoral (CNE) y colaborador externo de la OIT, en temas de derecho administrativo sancionatorio en proceso de libertad sindical, derecho de asociación y en el lugar del trabajo.

Además, ha realizado estrategias jurídicas en favor de organizaciones sindicales, e implementación de agenda para la defensa judicial y promover el diálogo social.

La Procuraduría General de la Nación ratificó en fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad general por doce años del superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez Casas. La decisión se tomó tras confirmarse que el funcionario solicitó aportes en dinero a las cajas de compensación familiar que debía vigilar, para destinarlos a la población de Buenaventura, Valle del Cauca.

El Ministerio Público concluyó que Pérez Casas, al pedir recursos a estas entidades, desvió las funciones establecidas por la ley para su cargo, utilizando su posición con fines distintos a los misionales de la Superintendencia de Subsidio Familiar. La Procuraduría enfatizó que esta acción es inaceptable, pues compromete la imparcialidad y el deber de control sobre las cajas, afectando la transparencia en la relación con las entidades vigiladas.

Además, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento confirmó que durante su gestión Pérez Casas realizó modificaciones injustificadas a la lista de elegibles para los cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación.

Según el fallo, el superintendente alteró los requisitos originalmente exigidos en la convocatoria de mayo de 2022, permitiendo la inclusión de personas que no habían participado en el proceso o que no cumplían con las condiciones mínimas establecidas.

Estas modificaciones vulneraron los derechos de los aspirantes que sí se encontraban en la lista original, afectando los principios de igualdad, legalidad y moralidad que rigen la función pública. La Procuraduría calificó estas conductas como faltas disciplinarias gravísimas cometidas a título de dolo, es decir, con plena intención de transgredir las normas.

El fallo definitivo, que destituye e inhabilita a Pérez Casas por 12 años, ha generado cuestionamientos sobre la gestión de la Superintendencia de Subsidio Familiar y sus prácticas administrativas. La Procuraduría advirtió que estas acciones no solo afectaron la confianza en las instituciones, sino que también comprometieron el cumplimiento de los objetivos de transparencia y buen gobierno que deben prevalecer en la administración pública.

Con esta decisión, la Procuraduría busca reafirmar el compromiso con la transparencia y el correcto ejercicio de las funciones estatales, destacando la importancia de mantener los principios de legalidad y equidad en la gestión de los recursos y en la vigilancia de las entidades del sector.