Menor de 15 años fue liberada por las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, en Cauca

La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, renovó su llamado a los grupos armados para que respeten las normas humanitarias, destacando la relevancia de proteger los derechos de los menores en el conflicto armado colombiano.

Esta solicitud surge tras la liberación de una menor de 15 años en Cauca, por parte del Frente Dagoberto Ramos, un grupo disidente de las extintas FARC-EP. Durante la entrega también hicieron presencia la Misión de Verificación de la ONU y las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

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“En un acto significativo que resalta el compromiso con los derechos humanos, la menor fue formalmente entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Popayán, en compañía de su padre, quien se mostró aliviado por la recuperación de su hija y el inicio del proceso legal para restablecer sus derechos como víctima del conflicto”, indicó la Defensora.

Marín Ortiz subrayó que el respeto por la vida, la libertad y la integridad de todos es esencial para la construcción de un futuro en paz: “El mejor gesto de paz de los grupos armados es el cumplimiento de las normas humanitarias”, afirmó la funcionaria.

La Defensoría del Pueblo destacó también la importancia de prohibir el reclutamiento de menores en cualquier circunstancia, subrayando que esta práctica está vetada incluso si los jóvenes expresan su deseo de unirse a grupos armados.

Es así que la Defensora Ortiz enfatizó que la protección de los derechos de los menores es una obligación ineludible para todas las organizaciones, y cualquier forma de reclutamiento de menores de 18 años es inaceptable. Este enfoque busca garantizar que los derechos de los niños y niñas sean respetados y protegidos en todo momento, independientemente de las circunstancias.

Este incidente se suma a la entrega de otras dos menores el viernes 25 de octubre, también realizada por este grupo. En esa ocasión, el Frente Dagoberto Ramos expresó su disposición a liberar a más menores que no deseen permanecer en sus filas, un gesto interpretado como una señal de buena voluntad y una posible apertura hacia la reconciliación.

Durante los dos primeros años del gobierno de Gustavo Petro, la seguridad en Colombia ha sido un tema de creciente preocupación. Según datos presentados por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se ha registrado un aumento significativo en los casos de secuestro y extorsión.

En este periodo, los secuestros han aumentado un 70,8%, mientras que la extorsión ha crecido un 29%, informó la revista Semana.

El incremento de estos delitos se ha visto reflejado en las estadísticas del Ministerio de Defensa, que reportó 450 secuestros y más de 12.000 homicidios en el país. Sin embargo, el índice de homicidios mostró una leve mejoría en 2024, con una reducción del 5%, según Velásquez.

Para enfrentar esta problemática, el gobierno ha implementado medidas como la creación de siete nuevos Gaulas, unidades especializadas en combatir el secuestro y la extorsión. Estas acciones buscan reforzar la capacidad de respuesta ante los desafíos de seguridad que enfrenta el país, especialmente en regiones como el Cauca, donde la actividad de grupos al margen de la ley ha sido particularmente intensa.

El balance de estos dos años de gestión también incluyó la presentación de cifras e indicadores por parte de funcionarios de diversas carteras, con el objetivo de evaluar el desempeño del gobierno de Petro en la mitad de su mandato. La seguridad sigue siendo un tema central en la agenda gubernamental, dado su impacto en la estabilidad y el bienestar de la población colombiana.