El pasado 8 de octubre de 2024, el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, en calidad de candidato, y al hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del actual mandatario de los colombianos en 2022.
Esta decisión generó todo tipo de reacciones en los sectores empresariales, judiciales, sociales y políticos en el país, iniciando con el propio jefe de Estado, que ha manifestado que esta acción configuraría un posible golpe de Estado contra su mandato.
“¿Quién dijo que tres sentencias de la Corte Constitucional, defendiendo el fuero integral del presidente, se pueden violar? Y rápidamente, al otro día, el Consejo Nacional Electoral está listo para votar: golpe de Estado, amigos, y no podemos callar, no es la hora del silencio”, expresó Petro en su momento.
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No obstante, diferentes voces políticas consideran que las advertencias del mandatario colombiano están lejos de ser una realidad, como es el caso del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que descartó que en Colombia se esté planeando acciones para que el presidente Gustavo Petro no culmine su periodo presidencial hasta el 2026.
“Yo no creo en el golpe de Estado, confío mucho en la fortaleza institucional del país”, expresó Cristo en diálogo con El Espectador.
Sin embargo, el jefe de cartera mencionó que la decisión del CNE contiene varios errores, que inducen a que el presidente pueda salir de su cargo, pero confía en que esta situación se resuelva sin contratiempos.
“Creo que hay unas decisiones equivocadas del Consejo Nacional Electoral que generan esa sensación, espero que poco a poco, en la medida en que se vayan utilizando los mecanismos jurídicos para tumbar las decisiones equivocadas, la institucionalidad se va a ir deshaciendo de esos temores”, comentó el ministro del Interior al citado medio de comunicación.
Según los hallazgos presentados por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz del CNE, la campaña de Petro habría superado el límite de financiación permitido en $5.355 millones entre la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Demandas negadas por el Tribunal Superior de Bogotá
Luego de que el Consejo Nacional Electoral emitiera el pliego de cargos contra la campaña del hoy presidente de los colombianos, se han presentado varias acciones populares de ciudadanos para anular el fallo del órgano electoral, así como la destitución de los magistrados del CNE.
No obstante, las demandas no han tenido respuesta favorable por el Tribunal Superior de Bogotá, quien ha negado las acciones populares que pretenden anular los cargos dispuestos por la entidad electoral emitida el pasado 8 de octubre.
En total, han sido negadas cuatro demandas interpuestas tanto por funcionarios como dirigentes políticos que defienden la elección de Gustavo Petro en 2022.
La más reciente fue la del pasado 2 de noviembre, cuando el alto tribunal desestimó la tutela presentada por dos miembros del Partido Comunista Colombiano, al considerar que los solicitantes de la tutela no estaban legitimados para impugnar la decisión del CNE, dado que no son partes involucradas en el proceso administrativo ni tienen una participación directa en el mismo.
“Los accionantes carecen de legitimación para cuestionar, por esta vía, las decisiones administrativas dentro del trámite que origina la acción, por no ser parte ni intervinientes en dicha disputa”, se lee en el fallo emitido por el tribunal.
La sentencia también señala que no existe evidencia de que los directamente afectados no puedan defender sus intereses ante el CNE, lo cual sería la única vía legítima para que se pudiera considerar la tutela de un tercero.
“No existe ningún elemento de prueba que permita conocer cuál es la afectación que impide a los directamente involucrados en el trámite en curso ante el CNE para promover su propia defensa y en procura del amparo que acá se reclama”, dice la sentencia.
En este sentido, el tribunal le dio la razón al órgano electoral para que avancen las investigaciones sobre las posibles inconsistencias financieras en la campaña “Petro Presidente” de 2022.
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