Tras una semana de protestas y pérdidas millonarias, el paro minero ha sido suspendido, pero las críticas hacia la administración del presidente Gustavo Petro no cesan, especialmente por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
En su habitual columna de opinión publicada en El Tiempo y a través de su cuenta oficial en X, el líder político afirmó que el paro se ha convertido en el único instrumento de los mineros para dialogar con el actual Gobierno. En su análisis, Vargas Lleras destacó el inconformismo de pequeños y medianos mineros, quienes, a pesar de contar con permisos legales, han visto paralizados sus procesos de formalización.
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El exvicepresidente acusó al Gobierno Petro de supuestamente perseguir a la minería en Colombia con el fin de prohibirla o estatizarla. Según Vargas Lleras, estas medidas impactan severamente a un sector que es crucial para la economía colombiana.
Vargas Lleras sostiene que el Gobierno ha lanzado una “cruzada” contra la minería a través de cuatro frentes. El primero es la reforma al Código Minero, cuya tramitación avanza con rapidez gracias a las consultas previas. Esta reforma plantea cambios profundos en el sistema legal de la industria minera, afectando derechos adquiridos y elementos estructurales, como la reversión de activos y la delimitación de zonas aptas para la minería. Según el ministro de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, el proyecto deja gran parte de la regulación a discreción de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, lo que, en su opinión, genera incertidumbre jurídica.
El segundo frente que detalló el líder de Cambio Radical es el proyecto de Ecominerales, que busca la creación de una nueva agencia estatal para centralizar y estatizar la actividad minera. Vargas Lleras cuestionó si el Estado colombiano tiene la capacidad técnica y financiera para asumir el control de una industria que requiere conocimientos especializados y constantes inversiones. Recordó las experiencias fallidas de antiguas empresas estatales como Ecominas, Mineralco y Minercol, disueltas hace más de 20 años debido a corrupción e ineficiencia.
El tercer punto que criticó es la reforma tributaria. A pesar de un fallo de la Corte Constitucional que benefició al sector al excluir las regalías de la base gravable del impuesto de renta, el Gobierno insiste en imponer nuevas cargas fiscales. Las sobretasas progresivas al carbón elevarían los impuestos del sector a niveles cercanos al 90%, una cifra que Vargas Lleras consideró confiscatoria y que amenaza la rentabilidad de la industria minera.
El cuarto y último frente es el decreto 044, cuya reglamentación fue el detonante del paro minero. Este decreto otorga al Ministerio de Minas y Energía la facultad de declarar áreas de reserva minera, excluyendo arbitrariamente ciertas zonas de la actividad extractiva. Incluso títulos mineros con licencia ambiental vigente se verían afectados por esta medida, lo que genera incertidumbre y frustración entre los mineros.
Germán Vargas Lleras advirtió que, si estas iniciativas se concretan, la inversión privada en el sector minero podría desaparecer, debilitando aún más la economía colombiana. Explicó que el ataque a la minería es solo un ejemplo de cómo el Gobierno, según él, asfixia al sector privado mientras promueve reformas que aumentan el gasto público y llevan al país a niveles insostenibles de endeudamiento.
El análisis del exvicepresidente de Colombia refleja una visión crítica de las políticas del Gobierno Petro hacia la minería y pone en evidencia las tensiones entre la administración y los sectores productivos del país. El impacto de estas reformas, de materializarse, podría ser significativo, tanto en términos económicos como sociales, al afectar a miles de familias que dependen de la actividad minera y a las finanzas del Estado, que se benefician de las contribuciones del sector.
La controversia alrededor de la minería en Colombia sigue siendo uno de los debates más candentes, y las voces de líderes políticos como Germán Vargas Lleras continúan alimentando la discusión sobre el rumbo que debe tomar el país en materia de desarrollo y gestión de sus recursos naturales.