Procuraduría investigará posible conflicto de interés en Sogamoso por parte del alcalde por alza en tarifas eléctricas

Hermann Garrido, veedor del sector energético en Colombia, presentó dos quejas formales ante la Procuraduría General de la Nación en contra el alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, y los concejales que aprobaron un acuerdo que podría incrementar el costo del servicio de energía eléctrica en el municipio boyacense.

Garrido sostiene en sus alegaciones que la propuesta carece de los estudios necesarios para garantizar que las tarifas no aumentarán durante el proceso de modernización del alumbrado público, lo que podría afectar a los usuarios finales.

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“Me dirijo al órgano de control disciplinario con el fin de presentar una queja en contra del Sr. Mauricio Barón Granados Alcalde de SOGAMOSO, Boyacá, y, los concejales que votaron positivamente, dando su aprobación al Acuerdo Municipal No. 008 del veinticuatro (24) de mayo del año del año dos mil veinticuatro (2024) “por medio del cual se adopta el plan municipal de desarrollo de Sogamoso para el periodo constitucional 2024-2027 “Sogamoso sostenible: consolidando una ciudad-región estratégica y se dictan otras disposición”, quienes en el ejercicio de sus cargos y en el desempeño de sus funciones incurrieron en una falta disciplinaria, afectando la efectiva prestación del servicio público a cargo”, dice uno de los documentos.

La denuncia de Garrido se centró en un supuesto conflicto de interés que, según él, ha llevado a un incremento desmedido en el costo del servicio de energía. El veedor argumentó que el alcalde Barón no cuenta con los estudios de viabilidad necesarios para crear una empresa de economía mixta, lo que podría derivar en inversiones sin respaldo técnico. Esto, según Garrido, podría constituir una falta disciplinaria que debe ser investigada por la Procuraduría.

“Instauré esta queja porque como lo denuncié en su momento, si el Alcalde no tiene los estudios para crear la empresa de economía mixta, él no puede saber con certeza que no van a subir las tarifas en un proceso de modernización, pues carece de los estudios demostrativos de viabilidad. En este orden de ideas, al hacer inversiones que no tengan respaldo y estudios técnicos pues seguramente desconoce la norma que sostiene claramente que las tarifas son las que recuperan esos costos de inversión, siendo el usuario final el más afectado; incurriendo en una falla disciplinaria, la cual tendrá que investigar la Procuraduría”, manifestó Garrido.

Garrido también interpuso una demanda de nulidad respaldando su denuncia, con la alegación de que tanto el alcalde como el concejo municipal actuaron de manera irregular al aprobar la propuesta. Según el veedor, la base jurídica de la propuesta no cumple con los requisitos legales, lo que podría resultar en un aumento indiscriminado en las tarifas de energía para los ciudadanos de Sogamoso.

El veedor le pidió al Ministerio Público que investigue el caso y, de la misma manera, instó al alcalde Barón a no “engañar” más a los habitantes del municipio. Garrido enfatizó que la última palabra la tendrá la Procuraduría, que deberá determinar si hubo irregularidades en el proceso de aprobación del acuerdo.

Entre el 12 de diciembre de 2007 y 2008, se llevaron a cabo presuntos actos de corrupción que involucran a Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas y a la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante. Según la investigación, Arbeláez habría transferido un predio del Departamento del Quindío a una fundación privada, de la cual Jaramillo era representante legal.

Este predio, que no podía ser comercializado, fue registrado erróneamente en una escritura pública, lo que llevó a su embargo por incumplimiento de obligaciones crediticias.

El 22 de octubre de 2024, la Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Jaramillo Cárdenas por delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal continuado. Estos cargos habían sido imputados previamente el 6 de junio de 2023 por una fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La investigación sugiere que los implicados engañaron a un funcionario notarial para registrar el bien, lo que facilitó el uso del inmueble como garantía para adquirir créditos. La situación se complicó cuando el predio fue embargado debido al incumplimiento en el pago de dichas obligaciones.