Cargos por soborno y fraude procesal en caso de Álvaro Uribe: Fiscalía acusa a Pardo Hasche y Sánchez Cañón

Durante una audiencia virtual, la Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez Cañón por presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Estos cargos están relacionados con los procesos judiciales que involucran al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al abogado Diego Cadena.

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Según el fiscal Daniel Hernández, Pardo Hasche y Sánchez Cañón habrían presionado al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que aceptara las ofertas que le hacía Cadena.

El fiscal Hernández detalló que Pardo Hasche, quien compartía prisión con Monsalve en La Picota, habría influido en él para que aceptara beneficios a cambio de retractarse de sus declaraciones contra Álvaro Uribe y su hermano, Santiago Uribe Vélez.

Según Hernández, Pardo Hasche insistió en que Monsalve firmara una retractación dirigida a la Corte Suprema de Justicia, llegando a describir al expresidente Uribe como un “dios”.

Durante la audiencia, el fiscal argumentó que las acciones de Pardo Hasche podrían considerarse un apoyo a las actividades de Cadena, quien supuestamente buscaba que Monsalve cambiara su versión a cambio de posibles beneficios judiciales.

Entre las ofertas que Cadena habría hecho a Monsalve se incluía la gestión para que su caso fuera revisado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la mejora de sus condiciones de reclusión.

Por otro lado, el abogado Manuel Penagos, defensor de Pardo Hasche, solicitó al juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento que declarara la nulidad de todo lo actuado, alegando que desde hace 2.444 días se han vulnerado derechos fundamentales de Pardo y otras personas involucradas en el caso.

Sin embargo, el juez rechazó esta petición, respaldando los argumentos de la Fiscalía y el Ministerio Público. Las audiencias preparatorias del juicio están programadas para llevarse a cabo entre el 29 y el 30 de abril de 2025.

En el juicio contra Diego Cadena, conocido como el ‘abogánster’, se presentó una grabación que revela una confesión clave: Cadena admitió haber ofrecido un trámite judicial gratuito al testigo Juan Guillermo Monsalve a cambio de su retractación.

Esta revelación se produjo durante una conversación interceptada por el CTI de la Fiscalía, según informó el medio que cubre el caso.

La grabación, que data del 25 de mayo de 2018, muestra a Cadena detallando su oferta a Monsalve, quien ha acusado al expresidente Álvaro Uribe de ser fundador del Bloque Metro de los paramilitares.

En la conversación, Cadena le sugiere a Monsalve que redacte una carta a la Corte Suprema de Justicia pidiendo disculpas a la familia Uribe y solicitando protección para su familia, según el registro electrónico del CTI.

El caso de Cadena ha estado bajo escrutinio desde que se descubrió que había comenzado a visitar a Monsalve en la cárcel La Picota de Bogotá en febrero de 2018. Cadena, conocido por gestionar cartas y grabaciones de narcotraficantes, se registró en ocasiones como abogado visitante de otros reclusos, como Enrique Pardo Hasche.

La interceptación de la conversación entre Cadena y el periodista que lo entrevistó fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia como parte de una investigación sobre posibles delitos cometidos por Cadena.

En las Observaciones del Analista se documenta que Cadena admitió haber hecho la oferta al testigo, lo que podría considerarse una confesión.

Además de las gestiones con Monsalve, Cadena también intervino ante la Fiscalía para favorecer al testigo Carlos Enrique Vélez, a quien le envió varios millones de pesos en efectivo. Cadena y su abogado, Iván Cancino, sostienen que los trámites judiciales ofrecidos no buscaban inducir a mentir, sino incentivar la verdad.

Respecto a los pagos a Vélez, argumentan que eran ayudas humanitarias y viáticos. La grabación presentada en el juicio es una pieza clave en el caso contra Cadena, ya que podría demostrar el uso de incentivos para manipular testimonios en favor de Uribe.

La legalidad de las interceptaciones ha sido confirmada por la Corte Suprema, lo que refuerza su validez como prueba en el proceso judicial.