Ministro Iván Velásquez pidió perdón públicamente por falsos positivos cometidos en el Eje Cafetero

En un acto de perdón y reconocimiento llevado a cabo en Pereira, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado colombiano a las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, ocurridas en Caldas, Risaralda y Quindío entre 1996 y 2008.

En presencia de 22 familias afectadas, Velásquez expresó su solidaridad y lamentó los crímenes que, según explicó, fueron cometidos bajo el pretexto de brindar seguridad en la región del Eje Cafetero.

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“No muere quien se va, solo quien se olvida”, pronunció Velásquez en su discurso, buscando honrar la memoria de los fallecidos y comprometiéndose a que los nombres de las víctimas no caigan en el olvido. “Como ministro de Defensa y como ciudadano expreso mi solidaridad, pido perdón y ofrezco excusas a nombre del Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la región del eje cafetero. Hoy pido perdón a las familias de 22 víctimas que murieron de manera irregular por parte de miembros del Ejército, entre 1996 y 2008″, agregó.

Las ejecuciones extrajudiciales, en las que se vieron involucrados varios municipios de Caldas, Risaralda y Quindío, afectaron profundamente a estas comunidades. En algunos casos, las familias fueron desplazadas o estigmatizadas debido a supuestos vínculos con grupos armados ilegales. Velásquez detalló cómo estos señalamientos, lejos de basarse en investigaciones reales, buscaban “crear un ambiente de seguridad engañoso, a partir de la presentación falsa de resultados operacionales”.

Estos falsos positivos, una práctica documentada en la que civiles eran asesinados y luego presentados como guerrilleros caídos en combate, afectaron a personas inocentes que fueron engañadas y llevadas a otras regiones bajo la promesa de trabajo. Las familias, por su parte, sufrieron persecuciones y amenazas cuando intentaron esclarecer la verdad sobre lo que realmente había ocurrido con sus seres queridos.

Los casos reconocidos incluyen 13 sentencias judiciales que condenaron a la Nación, señalando patrones de operación similares en los que se reportaban falsos combates, producto de situaciones fortuitas y sin planificación previa.

Durante el acto, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, también dirigió un mensaje de reconciliación y perdón a las familias afectadas: “Hoy como un soldado más y con la humildad que nos caracteriza, ofrezco a todos ustedes disculpas, y de corazón pido perdón por aquellos hechos que en el pasado cometieron algunos de nuestros funcionarios”. Esta declaración simboliza, según las autoridades, el compromiso de la fuerza pública de evitar que hechos similares se repitan en el futuro y de contribuir al proceso de sanación de las víctimas y sus comunidades.

Este acto de perdón llega pocos días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitiera la Resolución de Conclusiones No. 03, en relación con el conocido Caso 03. Este expediente abarca la investigación de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas entre enero de 2002 y julio de 2005, donde los fallecidos fueron presentados como bajas en combate por miembros del Ejército en zonas de Cesar y La Guajira.

El Caso 03 involucra directamente al batallón de artillería No. 2, conocido como “La Popa”, el cual fue señalado por 135 crímenes cometidos en 77 incidentes diferentes. Estos casos incluyen la judicialización de doce uniformados, entre los cuales ocho han sido imputados por tortura y siete por persecución. La JEP adelantará, en esta investigación, acusaciones por el crimen de tortura, considerando que este delito debe ser juzgado en el ámbito internacional.

La JEP, además, se ha comprometido a una imputación completa de los hechos para asegurar que todos los responsables sean sancionados. “Una imputación completa asegura que los comparecientes serán juzgados y sancionados por todas las conductas cometidas, evitando así que tales discusiones se reabran en el futuro. En otras palabras, garantiza la verdad más amplia y exhaustiva, fundamental para una adecuada reconstrucción del daño ocasionado a las víctimas, las comunidades y el Territorio”, puntualizó el tribunal de paz.

Asimismo, se solicitó a la Sala de Reconocimiento la inclusión de una lista de presuntos responsables no obligados a comparecer ante la JEP, para que se tomen las medidas necesarias en la justicia ordinaria.