Así será el uso legal de la hoja de coca y amapola en Colombia: Gobierno reveló borrador del decreto

El Ministerio de Justicia presentó un borrador de decreto que busca regular el uso de las hojas de coca y amapola con fines industriales, científicos e investigativos por parte de entidades públicas.

Este documento, que consta de 28 páginas y nueve secciones, propone modificar el decreto 1069 de 2015, se centra en la reglamentación parcial de las leyes existentes del año 1974 y 1986, que hasta ahora no abarcaban actividades del uso de semillas y cultivo de plantas de coca y amapola para usos específicos.

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El decreto subraya la importancia de contar con un marco regulatorio que permita cultivar, poseer semillas y utilizar plantaciones preexistentes, siempre y cuando no tengan una licencia, bajo estricta regulación estatal.

Una de las disposiciones más destacadas del decreto es la autorización para que entidades públicas colombianas manejen todas las actividades relacionadas, minimizando así el riesgo de desvío de sustancias controladas al mercado ilícito.

Además, el decreto contempla que la titularidad de las autorizaciones recaiga exclusivamente en entidades públicas, reforzando el marco de control y seguimiento.

El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) desempeñará un papel crucial, otorgando las autorizaciones necesarias para las actividades de cultivo y posesión de semillas, así como el uso de plantaciones preexistentes.

Todos estos permisos se deberán solicitar ante el CNE y dependerán de la naturaleza del proyecto que se pretenda ejecutar. También se erige un Comité de Evaluación de Autorizaciones del CNE, encargado de evaluar las solicitudes.

Además, el decreto reconoce explícitamente los usos ancestrales de la hoja de coca por comunidades indígenas, eximiéndolos de los requisitos y autorizaciones del presente decreto, como lo menciona un extracto: “Los usos ancestrales sobre la planta de coca ejercidos de manera individual o colectiva por parte de las comunidades indígenas... quedan expresamente exceptuados de las autorizaciones y requerimientos contenidos en el presente capítulo.”

La regulación también estipula la necesidad de un proceso de consulta previa cuando los proyectos involucren comunidades étnicas, lo que se alinea con el enfoque de proteger el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales.

En este sentido, se asegura que las comunidades campesinas y étnicas estén involucradas en toda la cadena de valor de los proyectos, garantizando un reparto justo y equitativo de beneficios.

Este cambio regulatorio se enmarca dentro de un contexto más amplio de transición de economías ilícitas a lícitas, el impulso del desarrollo rural y la inversión en investigaciones científicas para identificar las potencialidades de estas plantas.

El Estado colombiano, enfrentando desafíos históricos asociados al narcotráfico, busca crear un entorno normativo que promueva un uso responsable y beneficioso de las plantas de coca y amapola, contribuyendo potencialmente a la paz y al desarrollo sostenible del país.

El regulador también prevé un soporte continuo al desarrollo de proyectos científicos, determinando que instituciones como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación supervisen procedimientos como la recolección y análisis de muestras vegetales.

Colombia enfrenta un aumento significativo en los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína, según un informe reciente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Durante 2023, el país registró un incremento del 10% en los cultivos ilícitos y un 53% en la producción del alcaloide, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional, especialmente en Estados Unidos.

El informe de la Unodc revela que Colombia cuenta con más de 253.000 hectáreas de hoja de coca, y la producción de cocaína ha superado las 2.600 toneladas anuales. A pesar de que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha destacado las incautaciones de cocaína como un logro, el país sigue siendo el principal productor de esta droga a nivel mundial.

Kevin Murakami, director de asuntos antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, expresó su preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína.

En declaraciones a Semana, Murakami señaló que el crecimiento de estos cultivos representa un problema de seguridad para Colombia, ya que está asociado con violaciones de derechos humanos, homicidios de líderes sociales y otros delitos graves.

El informe también reconoce los esfuerzos de la fuerza pública colombiana en la incautación de cocaína, que ha alcanzado niveles récord. Murakami destacó la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la interdicción, el lavado de dinero y la lucha contra los crímenes ambientales.

Sin embargo, las cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos han disminuido drásticamente, con reportes que indican que en enero de este año no se erradicaron hectáreas de coca. Este descenso en la erradicación plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas antidrogas actuales.