Renunció César Manrique, director de la Función Pública, salpicado en el escándalo de corrupción de la Ungrd

César Manrique, que ocupaba el cargo de director de Función Pública en Colombia, presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro. La renuncia de Manrique se produce en medio de un escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y se espera que su dimisión sea aceptada en los próximos días.

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Manrique, que fue vinculado a la gestión irregular de fondos, argumentó que su decisión de dejar el cargo se debe a múltiples amenazas y a problemas de salud. Según la Fiscalía, Manrique habría facilitado el traslado de cien mil millones de pesos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras, lo que permitió a Olmedo López el direccionamiento de contratos millonarios.

El ahora exfuncionario ya había trabajado junto a Petro durante su alcaldía en Bogotá, específicamente en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad encargada de administrar los recursos destinados a la seguridad de la ciudad en ese periodo.

Además, Manrique estuvo involucrado en un escándalo de corrupción relacionado con la compra irregular de motos eléctricas para la capital del país. Aunque fue condenado en primera instancia, dicha condena fue anulada, pero actualmente enfrenta un nuevo juicio por sus acciones en ese entonces.

La renuncia de Manrique se suma a una serie de desafíos que enfrenta el Gobierno de Petro, que ha prometido combatir la corrupción en su administración. La situación de Manrique pone de relieve las dificultades que persisten en la gestión de recursos públicos y la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia en el país.

En medio de un proceso judicial en la Corte Suprema de Justicia, César Manrique enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en la compra de 100 motos eléctricas durante su gestión en la administración de Bogotá Humana. Según las investigaciones, la adquisición de estos vehículos, destinados a la estación de Policía de Kennedy, implicó un detrimento patrimonial de 1.200 millones de pesos. La Fiscalía ha solicitado una condena, argumentando que Manrique estuvo involucrado en irregularidades contractuales.

Manrique, identificado por fuentes del Gobierno y del Pacto Histórico como cercano al presidente Gustavo Petro, ya había sido condenado en una instancia anterior por estos hechos. Sin embargo, en 2020, el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo que lo condenaba a 10 años de prisión. A pesar de esta revocación, el caso ha sido reabierto y las investigaciones continúan en la Corte Suprema.

Durante su tiempo como director del fondo de vigilancia en la alcaldía de Petro, Manrique fue señalado por su participación en procesos políticos de larga data junto al actual presidente. Las acusaciones actuales se centran en el contrato de las motos eléctricas, que representó una inversión de 4.357 millones de pesos por parte del Distrito.

En marzo de 2016, la Fiscalía imputó a Manrique cargos de peculado por apropiación e interés ilícito en la celebración de contratos. Estos cargos derivan de las anomalías detectadas en la compra de las motos, que fueron entregadas a la estación de Policía de Kennedy. En el proceso judicial, incluso se citó al presidente Petro para que declarara sobre el caso.

Además, el exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, Arturo Luis Luna Tapia, y César Augusto Manrique, fueron suspendidos diez meses por la Procuraduría General de la Nación. La sanción se debe a irregularidades en la designación de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador en México.

Durante una sesión de la Comisión Evaluadora de los Medios el 16 de enero de 2023, la entonces rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, presentó pruebas que demostraban que Ninco Daza no cumplía con los requisitos necesarios para el cargo de embajador. Según Montoya, los conocimientos y experiencia de Ninco Daza no eran suficientes para compensar los requisitos establecidos en el Decreto Ley 770 de 2005.

A pesar de las pruebas presentadas, el exministro Luna Tapia defendió la candidatura de Ninco Daza, argumentando que poseía las cualidades necesarias para el cargo, aunque no cumpliera con los requisitos académicos exigidos, que incluyen una carrera profesional y un posgrado, los cuales pueden ser homologados con dos años de experiencia en cargos relacionados.

Por su parte, César Augusto Manrique, tras un estudio exhaustivo de la normativa y del perfil de Ninco Daza, también apoyó su designación. Sin embargo, la Procuraduría determinó que ambos funcionarios incidieron de manera infundada en el proceso de selección, lo que llevó a su suspensión.