El Banco de la República decidió nuevamente recortar las tasas de interés en Colombia, llevándolas al 9,75 %. Esta octava reducción consecutiva, sin embargo, no alcanzó las expectativas de una parte del mercado, que esperaba un ajuste de mayor magnitud.
Según información obtenida por El Espectador, la junta directiva, en la que cuatro miembros optaron por un recorte de 50 puntos básicos y tres por uno de 75, sigue dividida en cuanto al ritmo de la política de alivio monetario. Tal desacuerdo refleja las preocupaciones subyacentes sobre la estabilidad económica y los retos que enfrentará el país en 2025.
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Esta política de reducción de tasas tiene dos efectos clave: encarecer o abaratar el crédito. Si la tasa baja, se espera que los bancos ofrezcan condiciones de financiamiento más favorables, lo cual estimula el consumo y puede ayudar a dinamizar la economía, un objetivo central del Gobierno en su búsqueda de recuperación económica.
No obstante, el contexto es complejo. En la rueda de prensa posterior a la junta, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, junto con Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, expusieron las inquietudes que la entidad enfrenta en el corto plazo.
Villar enfatizó, citado por ese medio de comunicación, la necesidad de un enfoque prudente, dado que la inflación, aunque en descenso desde su máximo de 13,34 % en marzo de 2023, aún puede enfrentar presiones. A la fecha, la inflación se ha reducido a un 5,8 % anual, con una tasa de 5,5 % para los bienes sin regulaciones.
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Esto permitió ajustar la proyección inflacionaria para 2024 al 5,3 %, algo positivo para la economía, aunque persisten riesgos externos e internos que pueden desviar este comportamiento.
Uno de los factores que preocupa a la junta es el comportamiento del peso frente al dólar, que actualmente se ubica sobre los 4.400 pesos. Esta devaluación puede generar presiones inflacionarias adicionales y restringir la capacidad del Banco para seguir reduciendo tasas. Este comportamiento se atribuye al fortalecimiento del dólar globalmente y a la reciente caída en los precios del petróleo, un sector crucial para el flujo de divisas en Colombia, así como a la incertidumbre fiscal local.
Precisamente, el contexto fiscal plantea retos para la sostenibilidad económica. Bonilla reconoció que el presupuesto actual enfrenta dificultades de recaudo y que, aunque en junio se anunció un recorte presupuestario de 20 billones de pesos, se exploran alternativas adicionales para cubrir el déficit que persiste.
Esto ha hecho que el Ministerio de Hacienda considere un nuevo ajuste en la meta de ingresos para el año en curso, aunque el 2025 ya enfrenta la posibilidad de un déficit.
La reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), recientemente discutida en el Senado, añade un elemento de incertidumbre. La reforma, que busca aumentar las transferencias a los gobiernos regionales al 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación en 12 años, enfrenta críticas de varios sectores, que advierten de un impacto fiscal significativo.
El Banco de la República teme que la medida comprometa la capacidad de la nación para cumplir con la regla fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ambos necesarios para mantener la estabilidad financiera del país.
“Ojalá” que en los próximos debates se puedan disipar las dudas, manifestó Villar, destacando que estas decisiones afectan la flexibilidad de la política monetaria y la capacidad del Banco de seguir ajustando las tasas a la baja.
En este panorama, el Gobierno de Gustavo Petro ha sido uno de los principales defensores de recortar las tasas de interés como estrategia de reactivación, a través de diversos pronunciamientos en redes sociales y reuniones con el Banco.
Sin embargo, los temas de deuda, recaudo y la reforma al SGP, que apoya el mismo Ejecutivo, han limitado el margen de maniobra del Emisor para hacer recortes más profundos.
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