Representante a la Cámara del Partido Liberal seguiría en el Congreso a pesar de estar inhabilitado: “Este despacho no tenía conocimiento”

El congresista Jhoany Carlos Palacios Mosquera, del Partido Liberal, habría sido sancionado por la Contraloría General de la Nación en noviembre de 2023 por un detrimento de recursos en el departamento del Chocó mientras fue gobernador

El congresista no habría informado al Congreso sobre su inhabilitación - crédito Gobernación del Chocó

Hay polémica en el Congreso de la República, después de que se conociera sobre las irregularidades que se estarían presentando en la Cámara de Representantes, especialmente con la curul de Jhoany Carlos Palacios Mosquera, del Partido Liberal.

El congresista estaría inhabilitado para estar en el legislativo, después de que la Contraloría General de la Nación emitiera un fallo de responsabilidad fiscal, mientras Palacios se desempeñaba como gobernador del departamento del Chocó entre 2016 y 2019, según documentos revelados por El Tiempo.

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Todo indica que el órgano de control determinó al actual representante como responsable del detrimento patrimonial relacionado con un proyecto inconcluso de masificación de gas natural en el departamento. Este proyecto, iniciado en 2014 y financiado con más de 20 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías, aún no ha sido completado.

Ante las irregulares, la Contraloría señaló que Palacios Mosquera tuvo un papel crucial en la pérdida de recursos públicos, al aprobar actas de pago que contribuyeron al abandono de la obra. Como resultado, en noviembre de 2023, se le impuso una sanción por 1.306 millones de pesos, junto con seis exfuncionarios de la Gobernación del Chocó, y se le inhabilitó para ocupar su cargo hasta agosto de 2028.

Dicho fallo parece haber quedado en el olvido y el congresista sigue representando a su colectividad en el legislativo - crédito Colprensa

No solo se comprobó la existencia del daño patrimonial, sino también nexo causal entre el daño y la conducta del señor Palacios Mosquera quien realizó gestión fiscal al intervenir en diferentes actuaciones como fueron la aprobación de las actas de pago, por lo que su actuar fue determinante en la pérdida de los recursos públicos de una obra que se encuentra inconclusa, abandonada y sin prestar servicio alguno a la comunidad”, se lee en el fallo de la Contraloría obtenido por El Tiempo.

Sin embargo, dicho fallo parece haber quedado en el olvido y el congresista sigue representando a su colectividad en el legislativo sin ningún tipo de sanción. Incluso, desde la Cámara de Representantes se afirmó no haber recibido notificación oficial sobre el fallo, lo que ha impedido que se tomen medidas para apartar a Palacios Mosquera de su cargo.

“Este despacho no tenía conocimiento de la presunta sanción impuesta al honorable representante a la Cámara, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera (...) al no contar con notificación de fallo alguno que nos permita que efectivamente se deba ejecutar la sanción, la Presidencia no puede proceder a realizarla hasta tanto seamos notificados por la autoridad correspondiente; por tal motivo, se inició el trámite de las averiguaciones y el estado de la presunta sanción”, se lee en la respuesta de la célula legislativa a un veedor del Chocó, revelada por el diario nacional.

En respuesta a una solicitud de una veeduría del Chocó, la Cámara indicó que comenzaría investigaciones para esclarecer la situación, mientras que el presidente de cámara baja y representante del partido Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, confirmó que Palacios Mosquera no ha reportado la inhabilidad.

Pero este no es el primer lío legal que tiene el representante a la Cámara. Palacios también enfrenta una investigación formal por parte de la Corte Suprema de Justicia debido a presuntos delitos relacionados con la contratación pública.

La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal inició en junio de 2023 este proceso por posibles irregularidades en la celebración de contratos y peculado por apropiación durante su gestión como gobernador del departamento de Chocó entre 2016 y 2019.

El caso se centra en un contrato de obra para el Hospital Lascario Barbosa en Acandí, Chocó, firmado en 2016. La Corte señala que este contrato se habría ejecutado sin los estudios técnicos necesarios, presentando además sobrecostos significativos. A pesar de los recursos invertidos, la obra permanece inconclusa, lo que ha motivado la intervención judicial.