Procuraduría sancionaría a magistrada de la JEP: aseguran que no atiende peticiones de las víctimas del conflicto

En la mañana del jueves 31 de octubre, la Procuraduría General de la Nación anunció que instaurará acciones constitucionales y disciplinarias contra la magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien estaría vulnerando los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado.

Según lo expresado por el ente de control, la funcionaria estaría negando las peticiones de este grupo social, entre los que se destaca “la solicitud de modificar los tiempos que concede a las partes vinculadas al proceso para que reconozcan los hechos y las conductas que les imputan”.

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A su vez, el Ministerio Público indicó que las denuncias provienen de víctimas que buscan acreditarse en el macrocaso 01 que investiga la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc – EP.

“El tribunal de paz insiste en trasladar al mismo tiempo un escrito preliminar con las imputaciones jurídicas del caso a víctimas, intervinientes y comparecientes, para que las víctimas e intervinientes presenten observaciones y los comparecientes realicen el reconocimiento de hechos y conductas cometidas frente a estas imputaciones jurídicas que no son definitivas”, explicó el procurador delegado ante la JEP, Jairo Ignacio Acosta Aristizábal.

Así mismo, el funcionario del ente de control precisó que las decisiones de la magistrada de la JEP “va en desmedro de las garantías procesales propias que tienen todos los ciudadanos al debido proceso y a conocer de forma clara y definitiva los términos de la imputación frente a los cuales se les pide pronunciarse y asumir responsabilidad”.

Frente a ello, la Procuraduría hizo una sugerencia a la Sala de Reconocimiento de la JEP para que “realice un primer traslado del Auto provisional para que los comparecientes, víctimas e intervinientes especiales hagan las observaciones pertinentes”.

Posteriormente, indicó que en un segundo traslado de un Auto definitivo, “se incorpore las manifestaciones hechas por quienes intervienen en el proceso, a fin de que los comparecientes realicen su correspondiente reconocimiento”.

Finalmente, la Procuraduría mencionó que los actos cometidos por la magistrada Julieta Lemaitre, configuran una vulneración de los derechos de las víctimas a la participación y crea un trato desigual frente a otros macrocasos en curso, en donde sí existe esta posibilidad. “Es un inadmisible obstáculo al acceso de las víctimas a una tutela judicial efectiva”, concluyó Acosta Aristizábal.

Además de esta indagación a la magistrada de la Sal de Reconocimiento de la JEP, la Procuraduría también prendió las alertas frente a la posible reducción en la capacidad y presupuesto del tribunal de paz para el año 2025.

Para el Ministerio Público, si se reduce el alcance y la capacidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, “comprometería su capacidad para cumplir su objetivo de ofrecer justicia a las víctimas del conflicto armado (...) limitar sus funciones afectaría gravemente la implementación de sanciones y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de derechos humanos”.

Por ello, el organismo de control llamó la atención al Gobierno nacional para que se garanticen los recursos necesarios para la operatividad de la JEP en el país.

“Es fundamental que las autoridades asuman su responsabilidad como garantes de los recursos necesarios para la implementación de las sanciones propias de la JEP. Esto incluye la adecuada asignación presupuestaria y la coordinación logística para llevar a cabo las medidas de reparación a las víctimas”, señaló la Procuraduría en un comunicado.

También, la Procuraduría recordó que “las amnistías indiscriminadas están prohibidas por el derecho penal internacional. Estas acciones podrían reactivar la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia”.

Por último, el órgano de control reiteró su disposición para “colaborar en los procesos de articulación institucional que aseguren el cumplimiento de los derechos de las víctimas y la sociedad en el marco del sistema de justicia transicional”.