Ministra Ángela María Buitrago aseguró que sí existen los movimientos de dinero para comprar el software espía Pegasus

Por medio de una rueda de prensa, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, dio declaraciones sobre el polémico caso de la supuesta compra del programa espía Pegasus, en el 2021, en Colombia.

Y aunque las versiones en los organismos de control se han enfrentado, en especial luego de que la procuradora Margarita Cabello indicara que “no hay rastro” de la existencia del programa en el país, algunas figuras del mundo político y de Gobierno afirman lo contrario.

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Incluso, la ministra Buitrago señaló que, pese a que “el Ministerio de Justicia no tiene competencia sobre ese tema, ya la misma fiscal general, hasta donde se entendió y lo afirmó, indicó que existe la partida, la plata. No se puede decir dónde, pero sí hubo la entrega de dinero, según la investigación que está adelantando la Fiscalía”.

Agregó que, “en ese sentido, tendrían que revisar cómo se destinó esta partida, cuándo, y efectivamente quién la giró”.

Esas fueron las palabras de la jefe de la cartera, que también se pronunció sobre el controversial artículo 7 del proyecto de reforma a la justicia, que trata las reducciones de pena y los beneficios como el principio de oportunidad para quienes confiesen y asesinatos y afecciones a menores de edad.

Mientras que la Fiscalía General de la Nación, liderada por Luz Adriana Camargo, confirmó la compra del programa por un valor de 11 millones de dólares, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, declaró que no existen registros oficiales que respalden dicha transacción. Estas declaraciones fueron realizadas en una rueda de prensa el 29 de octubre de 2024.

El origen de la controversia se remonta al 4 de septiembre de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro denunció públicamente la presunta compra del software de espionaje al fabricante NSO Group, que se habría dado durante el mandato del expresidente Iván Duque. La denuncia se basó en un documento clasificado de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf), que fue presentado en una cadena nacional.

A pesar de las afirmaciones de la Fiscalía sobre la existencia de la operación, la procuradora Cabello no dejó de insistir en que no se han encontrado pruebas documentales que confirmen la adquisición del software. “No hay rastros oficiales de existencia del programa, ni hemos encontrado orden presidencial, del presidente anterior, de adquirirlo”, afirmó Cabello.

Además, la procuradora señaló que tampoco se han identificado registros de reservas de gastos o uso de fondos reservados para esta compra. “Hasta ahora estamos pidiendo rastro”, agregó, mientras aseguró que la investigación continúa en curso para esclarecer los hechos.

Este caso ha puesto de manifiesto un aparente conflicto entre las instituciones de control del país, ya que las declaraciones de la Fiscalía y la Procuraduría parecen contradecirse.

La controversia sobre Pegasus no es nueva en el ámbito internacional, puesto que este software ha sido objeto de críticas por su uso en actividades de espionaje en el mundo

El senador Iván Cepeda decidió ampliar su denuncia contra el expresidente Iván Duque ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes frente a este polémico caso.

Esta acción se dio tras nuevas revelaciones sobre la presunta adquisición y uso del software espía Pegasus por parte del gobierno de Duque. Según informó El Espectador, el senador Cepeda ahora acusa al exmandatario de delitos adicionales, que incluyen lavado de activos, violación ilícita de comunicaciones y abuso de autoridad.

La denuncia inicial de Cepeda se vería reforzada por recientes informes de prensa que identifican a los pilotos y tripulantes de los vuelos que supuestamente transportaron el dinero para adquirir el software de la empresa israelí NSO Group. Estos nuevos datos, que no estaban disponibles al momento de la primera denuncia, han motivado al senador a solicitar una investigación más exhaustiva sobre el asunto.

Cepeda ha subrayado la importancia de investigar los acuerdos comerciales internacionales que permitieron la transacción del software espía, cuestionando si estos respetaron los derechos fundamentales, especialmente en contextos delicados como el estallido social y el ambiente preelectoral.

El senador busca esclarecer si el dinero utilizado para la adquisición del software espía tiene un origen ilegal, lo que podría agravar las acusaciones contra el expresidente Duque.