La corrupción es la mayor preocupación de los colombianos, impulsada por la desconfianza en el Estado

Un reciente estudio de AtlasIntel, publicado por Bloomberg, muestra que el 77% de los colombianos considera la corrupción como el principal problema que enfrenta el país, superando temas como la seguridad, la justicia y la economía. En contraste, el interés en problemas como la inflación (8.9%) y la migración (2.7%) es mínimo, este panorama coloca a Colombia en una posición única en América Latina, donde, si bien la corrupción es también un problema serio, no ocupa la misma primacía en países como Brasil, México, Chile o Argentina.

La preocupación nacional por la corrupción se vio reflejada en un entorno de escepticismo hacia las instituciones públicas y hacia la efectividad del Gobierno en combatir el problema, exacerbado por escándalos recientes que, según Bloomberg y que divulgó el diario El Tiempo, fueron destacados durante la administración del presidente Gustavo Petro.

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Entre estos se encuentra el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se investiga la desviación de fondos para la crisis de agua en La Guajira y supuestas coimas a altos funcionarios del Congreso y del Gobierno. Según Bloomberg, “todos los gobiernos de Colombia en este siglo han enfrentado grandes escándalos de corrupción”, lo cual evidencia una tendencia histórica que no muestra signos de cesar.

El descontento popular se profundizó desde 2022, cuando Rodolfo Hernández, un candidato con un fuerte discurso anticorrupción, casi logra la presidencia, lo cual señaló que para los ciudadanos la corrupción es un problema estructural que demanda soluciones urgentes y de fondo. Según AtlasIntel, la población identifica también otros problemas graves como la inseguridad (31,7%) y el debilitamiento democrático (27,8%), aunque ninguno alcanza los niveles de preocupación que genera la corrupción.

La percepción de corrupción no solo afecta la confianza en el Gobierno, sino que impactó la economía y la inversión extranjera. Según el informe Clima de Inversión 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos —divulgado por el mismo medio en mención—, la corrupción es uno de los factores que generan mayor incertidumbre en los inversionistas extranjeros que consideran a Colombia como destino para sus operaciones.

“La corrupción, y la percepción de ella, es un serio obstáculo para las empresas que operan o planean invertir en Colombia”, indica el informe. La falta de transparencia en sectores como las aduanas, los impuestos y los contratos de obra pública reduce la competitividad del país y limita su atractivo en el contexto regional.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional clasificó a Colombia en el puesto 87 entre 180 países evaluados, con una puntuación de 40 sobre 100, apenas un leve incremento frente a 2023. Esta clasificación resalta los desafíos que enfrenta el país para mejorar su percepción internacional, especialmente en áreas donde se concentran denuncias de corrupción que involucran a figuras de alto nivel, como exjueces de la Corte Suprema, ministros y gobernadores regionales.

El Gobierno enfrenta el reto de diseñar e implementar estrategias efectivas para combatir la corrupción y recuperar la confianza de los ciudadanos. En un país donde la mayoría de la población considera la corrupción como el mayor problema, es imperativo contar con un marco legal que no solo castigue a los culpables, sino que implemente reformas en las instituciones más vulnerables a la corrupción, como las entidades judiciales y los organismos de control.

Bloomberg destacó que, ante el descontento popular, la administración de Gustavo Petro podría enfocarse en reformas profundas en sectores estratégicos, garantizando la transparencia en la adjudicación de contratos públicos y fortaleciendo la autonomía de los órganos de control. La comunidad internacional y organismos de transparencia, como Transparencia Internacional, coinciden en que el éxito en la lucha contra la corrupción depende de un esfuerzo integral y continuo, en el que los actores del sector público, privado y la sociedad civil trabajen en conjunto para erradicar este flagelo.