La reciente decisión del Consejo de Estado de suspender los términos clave en la ampliación de la avenida Boyacá, en Bogotá, en respuesta a la demanda presentada por el Ministerio de Ambiente, dirigido por Susana Muhamad, ha generado preocupación en el ámbito de las obras de infraestructura de la ciudad.
El alcalde Carlos Fernando Galán ha expresado su firme oposición a esta intervención del Gobierno nacional. Según él, la demanda busca anular la licencia ambiental otorgada para este proyecto, que es fundamental para la movilidad de la capital.
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Además, el alcalde reafirmó su compromiso de defender la autonomía de Bogotá y garantizar el progreso de las iniciativas que mejoren la movilidad de sus habitantes. Galán destacó la importancia de la ampliación de la avenida Boyacá, que se extiende desde la calle 183 hasta la 235, señalando que es una obra estratégica destinada a aliviar el tráfico en el norte de la ciudad.
El alcalde enfatizó que hará todo lo posible para hacer respetar la autonomía de Bogotá y criticó al Gobierno nacional por sus intentos de bloquear el avance de este proyecto.
Asimismo, Galán subrayó que la ampliación forma parte de un desarrollo organizado que incluye las compensaciones ambientales necesarias para la ciudad.
Qué dice la demanda
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ahora tiene la responsabilidad de decidir si la licencia ambiental se mantiene o se anula, lo cual afecta directamente la ejecución del proyecto.
La demanda se centra en la licencia ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que permitiría la extensión de la avenida Boyacá, considerada crucial para aliviar el tráfico en una de las principales entradas a Bogotá.
El tribunal ha vinculado a Fiduciaria Bogotá S.A. como tercero con interés directo en el proceso, debido a su implicación en la licencia ambiental.
El Ministerio de Ambiente, liderado por la ministra Susana Muhamad, ha manifestado preocupaciones sobre el impacto ambiental del proyecto, especialmente en la reserva Thomas Van Der Hammen.
La ministra ha instado a buscar alternativas que no fragmenten este ecosistema y ha enfatizado la necesidad de garantizar el derecho a la participación ciudadana y la transparencia en los estudios de impacto.
Por su parte, el proyecto Lagos de Torca ha expresado su descontento con la posición del Ministerio de Ambiente, asegurando que ha incorporado preocupaciones ambientales y destacando la importancia de la conectividad hídrica y la protección de la fauna.
La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado ha sido vista como un reto para desarrollar las obras de manera rigurosa y ágil, mientras que otros esperan que el tribunal resuelva negativamente la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Ambiente.
La discusión sobre la avenida Boyacá refleja un conflicto más amplio entre el desarrollo urbano y la protección ambiental en Bogotá.
Los intentos del Ministerio de Ambiente de detener la ampliación por la reserva Thomas Van Der Hammen.
El costo total del proyecto asciende a 80.910 millones de pesos e incluye la construcción de dos calzadas centrales, una ciclorruta bidireccional, andenes amplios y intersecciones semaforizadas para mejorar la seguridad vial.
El 24 de abril de 2024, la ministra Muhamad presentó un recurso de reposición ante la CAR para detener la ejecución del proyecto, en respuesta a la aprobación de la licencia ambiental en diciembre de 2023, que autorizaba la construcción de 4,9 kilómetros de vía.
La ampliación implica la sustracción de 20,87 hectáreas de la reserva, una decisión que fue aprobada por el Consejo Directivo de la CAR en abril de 2023. Para compensar la pérdida de terreno, la CAR recomendó la compensación de 62,49 hectáreas dentro del área protegida.
Sin embargo, la ministra ha expresado su oposición al proyecto, argumentando que no se han resuelto adecuadamente las preocupaciones ambientales.
Durante los seis meses posteriores a la presentación del recurso, el director de la CAR no ha emitido una respuesta, lo que ha llevado a la ministra a presentar una demanda ante el Consejo de Estado, solicitando que se declare el silencio administrativo de la CAR y se anule la resolución que otorgó la licencia ambiental.
La situación ha generado un debate sobre el equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación ambiental en la capital colombiana, donde la reserva Thomas van der Hammen es considerada un área de importancia ecológica.
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