Tribunal de Santa Marta revocó decisión y autorizó a Ecopetrol a reanudar la perforación en el pozo Uchuva 2

El Tribunal Superior de Santa Marta ordenó al Ministerio del Interior realizar una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga. Esta decisión se enmarca en el contexto de la reanudación de las actividades de exploración y explotación en el pozo Uchuva 2, después de que el tribunal revocara una orden de suspensión emitida por un juez de la capital del Magdalena.

La suspensión inicial de las actividades en el pozo Uchuva 2 fue solicitada por actores locales, quienes argumentaron que no se había llevado a cabo una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga. Esta comunidad podría verse afectada por las operaciones extractivas, lo que generó preocupación entre sus miembros y defensores de los derechos indígenas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El tribunal, al levantar la suspensión, permitió que las operaciones en el yacimiento continúen, pero ha subrayado la importancia de cumplir con los derechos de las comunidades indígenas.

“Renovar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, así como la providencia de fecha 18 de septiembre de 2024 que aclaró dicho numeral”, indica el documento.

De igual manera, el fallo dio la orden al Ministerio del Interior y a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa para que realizar una consulta previa con las comunidades en esa zona del país:

”Dentro del término improrrogable de un (1) mes, contados a partir de la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, proceda a expedir un acto administrativo en el que estudie el concepto de consulta previa, con sujeción a las consideraciones expuestas en esta providencia, atendiendo el procedimiento estipulado en el Decreto 1076 de 2015, el Decreto 2353 del 26 de diciembre de 2019, la Directiva Presidencial 10 del 2013 adicionada por la Directiva Presidencial 8 del 09 de septiembre de 2020, entre otras regulaciones”, agregó el documento.

La consulta previa es un derecho fundamental en Colombia, diseñado para garantizar que las comunidades indígenas sean informadas y consultadas sobre proyectos que puedan impactar sus territorios y actividades tradicionales.

El reciente fallo del Tribunal Superior de Santa Marta ha permitido la reanudación de las actividades de exploración y explotación en el pozo Sirius, un proyecto que promete triplicar las reservas de gas de Colombia.

Este pozo, anteriormente conocido como Uchuva-2, tiene un potencial de cerca de 6 terapiés cúbicos, lo que podría extender el horizonte de autosuficiencia del país de seis a aproximadamente veinte años, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El conflicto legal comenzó en septiembre cuando el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ordenó la suspensión de las actividades del proyecto debido a la falta de consulta previa con la comunidad indígena de Taganga, un derecho fundamental que, según el fallo, había sido vulnerado.

Esta decisión fue apelada por varias entidades gubernamentales, Ecopetrol, Petrobras y diversos gremios.

Aunque el tribunal superior modificó y revocó partes de la sentencia inicial, permitiendo así la continuación del proyecto, ordenó al Ministerio del Interior llevar a cabo la consulta previa con la comunidad de Taganga, reafirmando la importancia de este derecho.

El sector energético ha destacado la necesidad de que las autoridades acompañen el proceso de las 116 consultas previas requeridas y la obtención de la licencia ambiental para la construcción de un gasoducto submarino que conectará el proyecto con el sistema de transporte terrestre.

Este acompañamiento es crucial para asegurar el cumplimiento de las normativas y el respeto a los derechos de las comunidades afectadas. El desarrollo del pozo Sirius representa una oportunidad significativa para el país en términos de autosuficiencia energética y desarrollo económico.

Sin embargo, el proceso debe equilibrar los intereses económicos con el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y el cumplimiento de las normativas ambientales.