Representante uribista denunció supuesta fuente de financiación de Petro para comprar hoja de coca: “Es un abuso de poder”

La aprobación del Sistema General de Regalías en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dejó una serie de reacciones, algunas de ellas en favor de la iniciativa, apoyada por el Gobierno nacional, y otras que hicieron énfasis en las consecuencias que tendría esta iniciativa. Aunque la intención, según se explicó, era establecer mecanismos de equidad en la distribución de los recursos, y promover el desarrollo y la competitividad, también surgieron algunas críticas.

El Proyecto de Acto Legislativo 132 de 2024, que también contempla la restauración social y económica en las regiones, en las que se adelantan proyectos de exploración y explotación de recursos naturales, ha generado polémica debido a un parágrafo transitorio que busca destinar al menos un 2% de los recursos de las regalías a la compra de cultivos ilícitos. Según el documento, esto representaría al menos $620.000 millones, según denunció el congresista José Jaime Uscátegui.

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El representante del partido Centro Democrático, declarado en oposición, pidió la eliminación de dicho parágrafo del artículo 3 de este proyecto de Acto Legislativo, al argumentar que esta medida podría transformarse en el financiamiento estatal a grupos al margen de la ley. Lo anterior, teniendo en cuenta las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, de comprar la producción de hoja de coca a los campesinos de El Plateado (Cauca).

“Desde el Centro Democrático sí queremos saber si es que con los recursos de las regalías se va a comprar coca, porque esa es la gran propuesta para atender la problemática que hay frente a cultivos ilícitos que se han extendido, se han extendido y que han crecido exponencialmente en todo el país”, afirmó el congresista opositor, que ha denunciado el accionar de las estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

El proyecto de Acto Legislativo, según se conoció, también destina un 7% de los ingresos del régimen de regalías y compensaciones a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Dentro de este porcentaje, al menos un 2% se destinaría específicamente a la implementación del Punto 4 del acuerdo, lo que incluye la compra de cultivos ilícitos.

“El total de la asignación para la Paz será distribuida directamente por los departamentos para ser ejecutada en sus municipios (Pdet) según los respectivos Planes de Acción de Transformación Territorial (Part)”, se lee en el documento. Esto desató las duras críticas del representante uribista, que no dudó en despacharse en contra de la intención del Ejecutivo de disponer de estos multimillonarios recursos, y de liderar una serie de modificaciones que blinden los recursos desde las regiones.

“Eso me parece desafortunado y un abuso de poder del Gobierno y por eso he pedido su eliminación. ¿Imagínense ustedes que le estamos dando a Gustavo Petro un cheque de al menos 620.000.000.000 pesos cada dos años para que compre coca, como pretende hacerlo en El Plateado? Claro, cuando él hizo ese anuncio, dije yo: ‘¿De dónde va a sacar la norma que lo habilite?’ Y ahora, subrepticiamente, en una reforma al Sistema General de Regalías, nos presentan ese adefesio”, indicó.

Las críticas hacia esta medida reflejan, según se puede apreciar, una preocupación más amplia sobre el manejo de los recursos públicos y el impacto que podría tener en las zonas afectadas por el conflicto armado. La propuesta ha sido calificada por algunos sectores como una iniciativa que divide opiniones en el Congreso, toda vez que los sectores opositores insisten en que la compra de cultivos ilícitos podría perpetuar el problema en vez de solucionarlo.