En una ceremonia oficial, el viceministro de Política Criminal, Diego Olarte, y Emilssen González, decana de la Facultad de Derecho del Externado, formalizaron un convenio que marca un cambio en la reintegración de mujeres condenadas por delitos menores.
Este acuerdo busca dar a madres cabeza de hogar y mujeres en situación de vulnerabilidad una segunda oportunidad, de manera que puedan cumplir sus penas a través de trabajos comunitarios, especialmente en actividades educativas dentro del campus universitario. “Esperamos que estas plazas habilitadas en la ciudad de Bogotá les sirvan a las mujeres beneficiarias para que puedan encontrar mayores posibilidades de reinserción social”, afirmó Olarte.
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Este tipo de convenios está ganando fuerza entre el Ministerio de Justicia y otras entidades, tanto públicas como privadas, que abogan por ofrecer alternativas de reinserción social. Actualmente, hay en vigencia más de 23 convenios que permiten que alrededor de 81 mujeres, quienes cumplen con ciertos criterios, puedan acogerse a un modelo de libertad condicional que, combinado con trabajos comunitarios, les ofrece la posibilidad de reinsertarse en la sociedad de manera gradual y constructiva.
Bajo este esquema, estas mujeres comenzaron a asumir roles en diversas actividades de servicio social, lo cual no solo las mantiene activas y enfocadas en tareas productivas, también facilita su adaptación a la vida en comunidad y refuerza su autoestima y sentido de pertenencia. Al contribuir con labores de impacto, como la organización de talleres comunitarios y la asistencia a personas vulnerables, logran además establecer vínculos sólidos dentro de su entorno y fomentar una red de apoyo mutuo en la que encuentran respaldo y compañía en su proceso de reintegración.
El caso de estas dos mujeres, beneficiadas la última semana de octubre en Bogotá, representa el impacto de esta estrategia de justicia restaurativa, que se apoya en investigaciones académicas y propuestas del Congreso, que señalan cómo muchas mujeres encarceladas provienen de entornos de extrema vulnerabilidad y requieren un apoyo integral para su regreso a la vida civil.
El acuerdo de colaboración, más allá de ofrecer una segunda oportunidad para estas dos mujeres, evidencia el rol crucial que el sector privado y la academia pueden desempeñar en la transformación de la justicia, aportando a un modelo que deje atrás el castigo tradicional para convertirse en una plataforma de aprendizaje y reinserción social. Este convenio busca mostrar que, mediante un enfoque humanitario y educativo, es posible impulsar que quienes hayan cometido errores puedan redimirse y reincorporarse en sus comunidades de manera positiva.
En 2023, este mismo espíritu de justicia restaurativa fue respaldado por el presidente Gustavo Petro, quien promulgó la Ley 2292. Con esta norma, el Gobierno reconoció que la mayoría de las mujeres encarceladas terminan en prisión debido a contextos de extrema vulnerabilidad, y en muchos casos se vieron obligadas a cometer hurtos o a portar sustancias ilícitas para sostener a sus hijos pequeños o a adultos mayores a su cargo.
La Universidad Javeriana profundizó en esta problemática a través de un estudio comparativo entre hombres y mujeres encarcelados, revelando un contraste significativo: mientras que un 75% de las mujeres reclusas son madres cabeza de familia, solo el 4% de los hombres en la misma situación enfrenta esta responsabilidad.
Leonardo Rodríguez Cely, investigador principal del estudio, describió el impacto emocional y social que sufren estas mujeres, al señalar que “lo que más le duele a una mujer, en todas las entrevistas que hicimos, es el tema de sus hijos”, y añadió que el estado emocional de las reclusas está directamente relacionado con la manera en que sus vínculos familiares, en particular con sus hijos, se transforman debido a su situación.