Posibles actos de corrupción en cuatro EPS denunció la Superintendencia de Salud: tres de ellas están intervenidas por el Gobierno

El 22 de septiembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud recibió una denuncia que generó alarma en los organismos de control del sector salud.

La queja implicaba a Mario Andrés Urán en posibles actos de injerencia en la administración y manejo de recursos de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS), sugiriendo que sus acciones podrían estar impactando negativamente la correcta gestión de los recursos públicos destinados a la atención en salud.

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En respuesta, y bajo la delegación de la entidad de Aseguramiento en Salud, la entidad actuó para investigar a fondo la situación.

El 24 de septiembre de 2024, dos días después de recibir la denuncia, la Supersalud expidió cuatro actos administrativos con el propósito de ordenar auditorías exhaustivas y específicas a cuatro EPS en particular.

Las EPS incluidas en estas diligencias fueron Coosalud EPS S.A., que no se encuentra intervenida por la Supersalud, y tres EPS que ya están bajo intervención: Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S., Asmet Salud EPS S.A.S., y Emssanar EPS S.A.S.

Las auditorías, realizadas el 25 de septiembre, se llevaron a cabo simultáneamente y sin previo aviso en las sedes administrativas de estas EPS ubicadas en Cartagena, Cali, Popayán y Pasto, respectivamente.

La Superintendencia Nacional de Salud designó a un equipo técnico especializado para analizar la información recopilada en las auditorías, y tras una revisión detallada, emitió un comunicado donde expuso varias irregularidades en el manejo de los recursos de salud.

Según el informe, se hallaron indicios de una posible confabulación liderada por Mario Andrés Urán, quien, desde su cargo como asesor en Coosalud EPS, habría direccionado contratos hacia las mismas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) beneficiando a ciertos proveedores de manera irregular.

• Dirección de contratos: se identificó una posible estrategia para direccionar contratos hacia IPS específicas, a través de las EPS intervenidas, aparentemente bajo la coordinación de Urán.
• Concentración injustificada de pagos: algunos pagos fueron concentrados en determinadas IPS sin justificación adecuada, dejando sin giro de recursos a otras entidades de salud.
• Sobrecostos en servicios de intervención: se evidenció que se contrataron a terceros para realizar funciones de intervención, lo que habría generado sobrecostos en las EPS intervenidas.
• Solicitud de autorizaciones previas: los interventores debían solicitar la autorización de Urán antes de realizar giros directos de recursos, lo cual va en contra de los principios de independencia que deben regir en estas intervenciones.
• Favorecimiento de laboratorios y marcas: Urán, en coordinación con Indira Ocando y Tony Negrette, habría impulsado un plan de compras que beneficiaba a ciertos laboratorios y marcas específicas, limitando así la variedad de proveedores en el sector.
• Perfilamiento de funcionarios de la Supersalud: el informe de la Superintendencia destacó un grave atentado contra la integridad de los funcionarios de la entidad, pues Urán habría solicitado información de perfilamiento de ciertos empleados, afectando su seguridad e interferencia en sus labores.

En su pronunciamiento, la Superintendencia Nacional de Salud reiteró que las EPS bajo intervención no son coadministradas ni los agentes interventores actúan como funcionarios de la entidad; por el contrario, están bajo la inspección, vigilancia y control constante de la Superintendencia. La aclaración buscó resaltar la independencia y rigurosidad con la que se llevan a cabo estas intervenciones, en aras de proteger los recursos públicos.

Ante la gravedad de los hallazgos y con el objetivo de esclarecer los hechos, el superintendente nacional de salud, Luis Carlos Leal Angarita, procedió el 22 de octubre de 2024 a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Esta acción busca que se investiguen y analicen a fondo las pruebas y documentos recabados durante las auditorías y se determine si las acciones señaladas configuran delitos contra la administración de recursos de salud.

La Superintendencia Nacional de Salud resaltó que continúa reforzando sus labores de supervisión y control en el sector, con la misión de garantizar que los recursos de la salud sean utilizados de manera transparente y efectiva.

Esta investigación se enmarca dentro de los esfuerzos del organismo por preservar la confianza pública y combatir cualquier acto de corrupción que afecte el bienestar de los usuarios del sistema de salud en el país. La denuncia ante la Fiscalía representa un paso decisivo en la lucha por la transparencia en la administración de recursos y reafirma la postura de cero tolerancia frente a posibles actos de injerencia indebida que quiere la Supersalud.